Las mujeres mexicanas están cada vez menos protegidas en su derecho a decidir libremente si quieren interrumpir un embarazo, una situación "preocupante" propiciada por nuevas leyes locales que protegen el derecho a la vida desde la concepción, explicó hoy a Efe una representante de la ONU.
"México va a tener que someterse a revisión sobre la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) en algún momento del año que viene. Sé que esto será un asunto muy grande", dijo a Efe la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos de la organización internacional, Kyung-wha Kang.
En una entrevista Kang recordó que "buena parte de la CEDAW está dedicada a los derechos de la mujer, al derecho a una salud reproductiva adecuada".
"Y la obligación del Gobierno de que una mujer puede ejercer ese derecho de forma libre y responsable", señaló.
En este sentido cree que el Ejecutivo mexicano tiene "la obligación de asegurar que la mujer tenga acceso a una terminación del embarazo segura".
La experta considera que las autoridades mexicanas deben trabajar más con las mujeres para "otorgarles la educación, el conocimiento y los medios necesarios para que ellas puedan decidir con libertad y responsablemente cuántos hijos quieren tener y cuándo quieren hacerlo", agregó.
Los comentarios de Kang suceden en un momento en que los derechos de las mujeres a decidir el cómo y cuando de su reproducción han sido menoscabados en 17 de los 32 estados del país con modificaciones en las constituciones locales de los estados, según diversas ONG como Católicas por Derecho a Decidir (CDD).
Las normativas restrictivas o que penalizan el aborto están ya en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán.
"Es una dirección preocupante (...) Esta introducción del derecho a la vida en las constituciones tendrá un efecto de prohibición del aborto sin excepciones", agrega Kang.
Reconoce que México enfrenta "un caso difícil" porque hay un conflicto de derechos, a la vida y los reproductivos de la mujer, pero sostiene que el derecho internacional es muy claro lo que hay que privilegiar: "que las mujeres deben decidir en libertad y responsablemente".
El caso más extremo, que ha conocido estos días de visita a México, es el de Guanajuato, donde hay 6 mujeres encarceladas con penas en su contra de entre 25 y 30 años por homicidio en grado de "parentesco", cargo tras el cual hay casos de aborto.
Además en ese estado hay unas 30 mujeres más procesadas que enfrentan cargos similares y 150 que podrían ser juzgadas por el mismo motivo, según el Centro Las Libres.
México fue escenario en 1999 de una fuerte polémica en relación con el aborto de la menor Paulina Ramírez, quien entonces tenía 13 años.
La joven denunció que fue violada en la ciudad de Mexicali, se constató su embarazo producto del suceso y decidió abortar de acuerdo con la legislación del norteño estado de Baja California.
Sin embargo la interrupción del embarazo no se consumó finalmente porque funcionarios del sector Salud lograron disuadirla.
El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo Isaac hasta su mayoría de edad.
