El Organo Judicial ha estado en la palestra pública en los últimos días por la pretensión de crear la Sala Quinta, tan famosa como rechazada.
Sin embargo, pese a estar inmerso en un intensivo programa de modernización, es muy poco lo que se sabe al respecto sobre el Organo Judicial.
El plan se denomina "Programa de Mejoramiento de Administración de Justicia", ejecutado por el propio Organo Judicial en conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de la Administración. Esa ejecución se hace efectiva a través de la Comisión de Mejoramiento de la Administración de Justicia (COMAJ), integrada por el presidente de la Corte, el procurador de la Nación y la procuradora de la Administración.
Su financiamiento, según documentos oficiales de la Corte Suprema de Justicia, está a cargo de del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aportes económicos locales.
El costo total del programa es de unos 27 millones de balboas, de los cuales un 70% es aportado por el BID y un 30 por la República de Panamá. Está dividido en dos partes: el subprograma A, que se refiere a los componentes del Organo Judicial, y el subprograma B que beneficia a la Procuraduría de la Administración.
Dentro del marco del subprograma A, que tiene un costo de 3 millones 201 mil balboas, proporcionados por fondos locales, y de 8 millones 150 mil balboas, proporcionados por el BID, se busca la descongestión judicial en el área civil, toda vez que el aumento sustancial de los procesos que ingresan en el área civil dificulta la labor de los juzgados, tanto de circuitos como municipales, para administrar una pronta y cumplida justicia.
Para cumplir con ese objetivo, serán creados 20 despachos judiciales en distintos puntos del país. Algunos de ellos sólo atenderán negocios nuevos civiles y de familia que ingresen a partir delm omento en que comiencen a funcionar, mientras otros atenderán casos ya en trámite.
Se tiene programado, según los documentos facilitados por la Corte Suprema de Justicia, la creación de 13 de los nueve juzgados a nivel circuital y de siete en la esfera municipal.
Cabe señalar que estos nuevos juzgados tienen carácter temporal, pues sólo funcionarán mientras lo justifiquen las necesidades del servicio de administración de justicia y serán evaluados periódicamente.
De hecho, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, inauguró el pasado 14 de mayo cuatro juzgados en David, Chiriquí.
Se informó que dos de estos juzgados son de circuito. Uno de ellos pertenece a la esfera seccional de familia y el otro funcionará como juzgados municipal de familia.
Estas instalaciones, que son de carácter personal, están atendiendo los negocios nuevos que hayan ingresado en el primer circuito judicial a partir del 17 de mayo pasado.
Con estos juzgados fueron nombrados los jueces nifa Alvarado, Mario Alberto Batista, Katia Bedoya y Egberto Saldaña.
Asimismo, fueron inaugurados cuatro nuevos juzgados de circuito civil en las instalaciones del Organo Judicial en Tocumen.
Estos cuatro juzgados son el Décimo, Undécimo, Duodécimo y Décimo Tercero de Circuito Civil y comenzaron a funcionar desde el 19 de abril del presente año.
En estos juzgados fueron nombrados los jueces Jorge Isaac Escobar, María Leticia Cedeño Suira, Juan Carlos Tatis Castillo y Juan José Morales Fruto.
Por otro lado, el programa incluye la capacitación de los servidores y la carrera judicial, lo que tiene como objetivo el fortalecimiento de la gerencia de los recursos humanos.
Serán revisados para ello ciertos procedimientos, tales como los mecanismos de selección, promoción, de aplicación de control disciplinario y la remoción de los servidores judiciales.
Durante la ejecución del programa, la Escuela Judicial tendrá un papel preponderante. Sus resultados ya se están sintiendo, según se desprende de informaciones emanadas del Organo Judicial, si se tiene en cuenta que ya se desarrolló un programa de capacitación del cual egresaron 57 servidores aspirantes a jueces.
Durante el presente año, se capacitará a los funcionarios en diversos puntos del país en materia de interpretación jurídica, mediación, función judicial y organización de tribunales.
Otro punto del programa lo constituye la reorganización y gestión de los servidores judiciales para lo cual se ha planificado el rediseño de la administración judicial, en lo que se refiere a la tramitación de procesos, así como la implantación de sistemas de información que contribuyan a mejorar el acceso ciudadano a los servicios de administración de justicia.
Para ello se ha propuesto la creación de dos unidades modelo de organización judicial, uno urbano y otro rural, que se llamarán Unidades Judiciales Regionales las cuales funcionarán en David y en San Miguelito.
Estas unidades albergarán en un mismo lugar despachos del Organo Judicial y del Ministerio Público.
En esta unidades se ubicarán también centros de atención a las víctimas de delitos, una oficina de la PTJ, un centro de mediación que evite la entrada de conflictos menores al sistema judicial y una oficina de Defensoría de Oficio.
Una nota de prensa del Organo Judicial señala que en la urbanización La Primavera de la ciudad de David, están los terrenos donde se construirá la Ciudad Judicial que albergará la primera Unidad Regional Judicial de Chiriquí.
Allí estarán ubicados los juzgados de circuitos civiles, penales, de trabajo, de familia, de menores, los juzgados municipales, los juzgados temporales recientemente inaugurados, así como un moderno centro de mediación.
También funcionarán allí las Fiscalías Superiores de Circuito y el Instituto de Medicina Legal. Este será el mayor cento de tribunales del país, destaca la nota de prensa.
Por otro lado, el Programa de Mejoramiento de Administración de Justicia incluye también modificaciones procesales y de acceso al sistema.
En este punto, el programa busca eliminar prácticas y diligencias que contribuyen a retrasar los procesos y para ello se están revisando normas procesales en materia menal, civil, de familia y de menores para identificar las disposiciones legales que contribuyen al congestionamiento de los juzgados y a retrasar el desenvolvimiento de los procesos.
MODERNIZACION Y SALA QUINTA
Es precisamente en este proceso de modernizacion donde entra la creación de la Sala Quinta, a juzgar por la nota No. PcSJ-014-99, del 23 de marzo de 1999, enviada por el magistrado Arturo Hoyos al legislador Roberto Abrego, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
En esta nota, el magistrado Hoyos se refiere a la nota de invitación que le enviara el legislador para que participara en la sesión en la que se consideraría en primer debate el Proyecto de Ley 88, relacionado con la creación de la Sala Quinta de Instituciones de Garantías y de Casación Laboral.
En esa nota, Hoyos dice estar de acuerdo con la creación de esta nueva institución, toda vez que anteriormente había abogado a favor de una Sala de esa naturaleza.
Hoyos señala que en ese entonces una mayoría de los magistrados se mostraron de acuerdo con su creación, si bien no tenía el apoyo unánime de los magistrados.
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia indicaba en esa nota que una Sala de Garantías Constitucionales tendente a proteger los derechos fundamentales a través del Amparo y del Habeas Corpus presenta dos ventajas trascendentales para los ciudadanos:
1. Hará más eficaz la protección de los derechos fundamentales porque tres magistrados especializados en esta materia deben tramitar con mayor celeridad los procesos de Habeas Corpus y de Amparo que lo que pueden hacerlo los nueve que se ocupan del tema actualmente.
Agrega la nota que "aquellas personas privadas de su libertad o con amenaza de ser privadas de ella tendrán una resolución más rápida de sus procesos de Habeas Corpus con lo cual se atenderá un reclamo constante de quienes en la actualidad se encuentran detenidos o de quienes llegaren a estarlo en el futuro".
2. Agilizará la justicia civil, penal y contencioso administrativa porque descargará de los magistrados integrantes de las tres primeras Salas de la Corte Suprema el trámite de los procesos de Habeas Corpus y Amparo, que el año pasado fueron cerca de 700, sólo en la Corte Suprema.
Estas, entre otras consideraciones, hace el magistrado en su nota a favor de la Sala Quinta, no obstante, añade que el Proyecto puede ser mejorado y señala algunos cambios meramente jurídicos.
Esta sección trató de entrevistar al magistrado sobre la Sala Quinta y el proceso de modernización de la justicia, sin embargo, la oficina de Relaciones Públicas informó que no se daría la entrevista y en su defecto hizo llegar documentos sobre el tema.
Además, durante esta semana, el propio magistrado hizo llegar a
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