Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron ayer que pedirán el juicio político a los miembros de la Corte Suprema argentina, al afirmar que su decisión de rechazar la realización compulsiva de análisis genéticos a una presunta hija de desaparecidos durante la dictadura viola tratados internacionales.
"Vamos a hacerle un juicio político a cada miembro de la Corte por separado", dijo a EFE Rosa Roisinblit, vicepresidenta del organismo de derechos humanos, que también pedirá una audiencia con el presidente argentino, Néstor Kirchner, para tratar el asunto.
Seis de los ocho miembros del máximo tribunal del país resolvieron el martes, aceptar un planteo de una joven de 26 años que se niega a que le extraigan sangre para someterla a una prueba de ADN que le permita comprobar su identidad. Las Abuelas señalaron que exceptuarán del pedido de juicio político a Juan Carlos Maqueda, el único miembro de la Corte Suprema que votó en contra de la resolución. El octavo se abstuvo.
El fallo "es un aval al terrorismo de Estado, a la privación ilegítima de la libertad y a la desaparición forzada, así como a todos los delitos que se cometieron al amparo del mismo", señaló el organismo en un duro comunicado de prensa.
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