La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó que acusó formalmente en los tribunales a tres jefes de organismos de seguridad durante la llamada IV República (1958-1999), a los que involucra en la “guerra sucia” contra grupos de izquierda y guerrilleros de la época.
Se trata del director general, durante 1982, de la luego desaparecida Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Remberto Uzcátegui; el entonces director de Inteligencia del organismo, José Domínguez Yépez, y el comandante del Batallón de Cazadores del Ejército, Ismael Antonio Guzmán.
Los tres fueron acusados, precisó Ortega, de los delitos de “concurso real de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y quebrantamiento de pactos, tratados y convenios internacionales”.
También acusó como encubridores de los mismos delitos al fiscal militar de la época, Luis Velie Guerra, y el médico forense Guillermo Solano.
Adicionalmente, Solano fue acusado de violar la Ley de Ejercicio de la Medicina con la “emisión de certificaciones falsas” sobre las causas de las muertes.
La fiscal no reveló si los acusados han sido apresados o si conoce sus domicilios, aunque sugirió que residen fuera del país.
Todos están involucrados en la llamada “Masacre de Cantaura”, un aparente ataque militar perpetrado por sorpresa el 4 de octubre de 1982 en un campamento de una veintena de activistas de izquierda en la localidad de Cantaura, en el oriente venezolano.
