La decisión de la autoridades salvadoreñas de proscribir las pandillas ha puesto en alerta a los gobiernos vecinos.
En Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) anunció una operación especial en los sitios de acceso al país para vigilar el ingreso de "mareros", como se conoce en Centroamérica a los pandilleros.
No se trata de impedir su entrada al territorio, sino de evitar riesgos a la seguridad nacional, le dijo a BBC Mundo Donald González, portavoz de la PNC.
"Se pone especial atención a las características de las personas para reconocer si son o no pandilleros", explicó.
Y las acciones van más allá de los controles de inmigración. Esta semana, el congreso guatemalteco analiza una iniciativa legal para sancionar hasta con cinco años de prisión la pertenencia a las maras, una enmienda similar a la autorizada en El Salvador.
El autor de la propuesta, el diputado Gudy Rivera, aseguró que es un caso de extrema urgencia.
"Si no lo hacemos vamos a caer en la ingobernabilidad por culpa de las Maras", dijo en conversación con BBC Mundo.
Mano durísima.
Al igual que Guatemala, el gobierno de Honduras también anunció vigilancia especial sobre los mareros, que según reportes oficiales se han involucrado con carteles de narcotráfico.
Analistas han dicho que estas legislaciones no ayudaron a bajar los índices de violencia en la región, e incluso en El Salvador fue necesario promulgar un decreto más estricto, conocido como "Súper Mano Dura".
Las propuestas castigan la pertenencia a las pandillas de Maras. Las sanciones se aplican incluso a quienes tengan tatuajes relacionados con las bandas.
Mientras, en El Salvador este fin de semana comenzó un nuevo intento por controlar a los mareros mediante la aplicación de la "Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de índole delincuencial".
La legislación, en síntesis, declara ilegales a las organizaciones delictivas y establece procedimientos especiales para sancionar a los menores de edad que forman parte de estos grupos.
También prohíbe a quienes forman parte de las bandas a pertenecer a partidos políticos o aspirar a cargos de elección popular.
Los mareros pretendían dialogar con el gobierno del presidente Mauricio Funes para impedir esta legislación, pero el mandatario no accedió a la presión de las pandillas.
Otros gobiernos parecen interesados en seguir el camino de Funes. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se mostró dispuesto a impulsar un mecanismo similar en toda Centroamérica.
"En coordinación"
Por lo pronto, el gobierno de Guatemala aumentó el intercambio de información con sus vecinos, dijo Donald González.
La cooperación es mayor desde que entró en vigor la nueva ley, dijo Carlos Ascencio, director de la PNC de El Salvador.
"Nosotros estamos en coordinación con todas las policías de la región, de Honduras y Guatemala", precisó el jefe de la PNC.
"La información de inteligencia nos indica una especie de repliegue y pueda ser que el repliegue vaya más allá de las fronteras nuestras y en ese sentido hay que tener las previsiones", afirmó Ascencio.
Según informa el corresponsal de BBC Mundo en El Salvador, Eric Lemus, las autoridades de seguridad pública advierten que los pandilleros buscan mantener el control de los barrios de alto riesgo y el flujo derivado por las extorsiones al transporte público.
Y en el país la información sobre el éxodo de pandilleros produjo críticas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El procurador Óscar Luna discrepó con el espíritu de la ley de proscripción de maras porque considera que faltó análisis sobre los efectos, por ejemplo, en el sistema carcelario.
"Creo que el sistema penitenciario no está preparado y siento que no se previó eso con tiempo porque ya no hay espacio. Tenemos en todos los penales más de 24.000 internos con una capacidad instalada de menos de 9.000", dijo Luna a BBC Mundo.
