El Gobierno español autorizó un fondo de 40 millones de euros (unos $51 millones), destinado al pago de las indemnizaciones y compensaciones a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Las indemnizaciones fueron fijadas en la sentencia por los atentados terroristas, que causó 191 muertos y casi 2,000 heridos, y cuyo fallo se hizo público el 31 de octubre de 2007.
