La ley aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento que autoriza el derribo de aviones civiles sospechosos de transportar drogas causó controversia en Honduras, donde algunos la consideran nociva y otros afirman que contribuirá a frenar el narcotráfico que campea en el país.
La llamada Ley de Exclusión Aérea fue aprobada anoche en una sesión extraordinaria por 80 de los 128 diputados del Congreso Nacional, informó uno de los vicepresidentes del Parlamento y diputado opositor, Marvin Ponce, el único de los 81 legisladores presentes que votó en contra, según explicó.
La aprobación se dio en un tiempo récord, por la vía expedita de un solo debate en vez de tres, lo que permite el reglamento parlamentario, y solo un día después de que el pasado jueves se anunciara su discusión.
“En el caso de que se detecte una aeronave no identificada, será sometida al uso progresivo de la fuerza a través de la interceptación y, como uso máximo, la neutralización definitiva de la amenaza, es decir derribarla”, orden que solo dará el secretario de Defensa explicó Ponce, diputado del minoritario y opositor Partido Unificación Democrática.
La norma crea además una “zona exclusiva aérea” en los departamentos caribeños de Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía, y Olancho, oriente, los más utilizadas por los narcotraficantes para aterrizar aviones cargados con drogas.
Ponce alertó que la ley “violenta un tratado internacional que prohíbe el derribo de aviones” por parte del país centroamericano, dijo el legislador.
