Una nueva ley aprobada en El Salvador proscribe las pandillas, su financiamiento y la existencia de “grupos de exterminio” social en este país centroamericano, que atraviesa una ola de violencia que cobra la vida de al menos una decena de personas al día.
La norma, que contó con el respaldo de 78 de los 84 diputados, es el último instrumento que tiene la administración del presidente Mauricio Funes para recuperar zonas de alto riesgo que están bajo el control tanto de la pandilla 18 como de la Mara Salvatrucha.
El gobernante presentó el anteproyecto en julio pasado, poco después de que pandilleros de la 18 incendiaran un transporte público, en el que murieron 17 personas.
La llamada “masacre del microbús” replanteó la política criminal de Funes, ya que luego militarizó las cárceles y aumentó el despliegue de patrullas conjuntas entre la Policía y la Fuerza Armada.
¿Utilidad? La ley penaliza, por primera vez, a quienes “colaboren” o “financien” una mara o pandilla.
El objetivo es neutralizar las fuentes de financiamiento cuyo origen está en la extorsión que administran las dos pandillas en barrios de la capital y en el interior del país.
