La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras se comenzó a implementar en Colombia con la entrega a campesinos desplazados por el conflicto armado de 4225 hectáreas confiscadas a narcotraficantes en Córdoba, uno de los departamentos más convulsos y bastión paramilitar hasta la década pasada.
“Iniciamos la gran revolución agraria en Colombia”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante la entrega de la finca Las Catas a 304 familias, al vaticinar que con esta iniciativa “empezará a cambiar la historia del campo colombiano”.
Las Catas es el primero de una serie de predios confiscados por el Estado a grupos armados que pasarán a manos de campesinos en el primer semestre de 2012 y que en total suman 128,000 hectáreas, según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
Santos decidió que la primera entrega de tierras, en virtud de la recién estrenada legislación, fuera en el departamento de Córdoba, donde tuvieron gran presencia las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), disueltas en 2006 tras la desmovilización de más de 31,000 paramilitares.
En concreto se eligió la finca Las Catas, ubicada en la localidad de Ayapel, propia para la cría de ganado y cultivo, con abundante agua y vegetación, que perteneció a los hermanos José Francisco, William y Gerardo Moncada, capos del narcotráfico muertos en disputas con rivales en los años noventa del siglo pasado.
El jefe del Estado adelantó que con esta iniciativa no solo se busca la restitución. “También tenemos que ayudarles a que esa tierra vuelva a ser productiva, genere ingresos y pueda dar a esas cientos de miles de familias campesinas una vida digna, y al país más riqueza y más desarrollo”, aseveró.
