Después de un mes del asesinato del abogado Rodrigo Rosemberg en Guatemala, las autoridades no han logrado dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de este polémico hecho.
Organizaciones sociales como grupos de jóvenes y de derechos humanos, internautas de Facebook y gremiales empresariales han demandado que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encargada de las pesquisas, consigan resultados concretos del caso.
Rosenberg dejó grabado un video, tres días antes de su asesinato, donde señala como responsable de su muerte a una red del crimen organizado, en la que supuestamente participan el presidente Álvaro Colom; su esposa, Sandra Torres; Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia; dos empresarios y dos banqueros. Todos ellos han rechazado tales acusaciones.
Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, expresó que es muy difícil conocer los avances alcanzados por la Cicig, debido a la reserva legal del caso, y califica como “distractores” las versiones que se originan después del hecho.
Acusaciones.Tanto oficialistas como opositores se han intercambiado señalamientos por ese hecho.
El analista Héctor Rosada dijo que esta situación es la más compleja que se ha registrado en la historia del país. “Sería lamentable que un caso como este se quede en la impunidad, porque nos equivocamos de camino”, opinó.
Entre las diligencias de la investigación efectuadas hasta ahora se encuentra la declaración de las personas que grabaron y repartieron el video del abogado; la documentación secuestrada del Banco de Desarrollo Rural, de la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala y de la Asociación Nacional del Café.
También se analizan los videos confiscados en las cercanías del asesinato, para descubrir a los autores materiales del crimen.
Además, las pesquisas van encaminadas a determinar si existe esa red de lavado de dinero que señala Rosenberg en los millonarios fondos escondidos en un fideicomiso.
Por otro lado, los agricultores de Guatemala, agrupados en la poderosa Cámara del Agro, pidieron la renuncia del fiscal general, Amílcar Velásquez, al que acusan de "inepto" por la falta de avances en la investigación del asesinato de Rosenberg.
"Pedimos la renuncia del fiscal por no llamar a declarar a todos y cada uno de los sindicados”, dijo Carlos Zúñiga, presidente de la asociación.
