El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, defendió ayer en Londres la publicación de 391,000 documentos secretos sobre la guerra de Irak y dijo que se trata sólo de "esclarecer la verdad" de lo ocurrido durante el conflicto.
Assange recordó el dicho de que "la primera víctima de una guerra es la verdad" y dijo que los ataques contra la verdad comienzan antes de una guerra, continúan durante el conflicto armado y persisten, como ha ocurrido en el caso de Irak, hasta mucho después.
Además negó que esté poniendo vidas en riesgo pese a lo que dicen las autoridades estadounidenses debido a que los documentos fueron editados para que no contengan información que pudiera resultar peligrosa para los implicados.
En los archivos se afirma que el número de muertos en Irak entre 2004 y 2009 llegó a 109,000, y que el porcentaje de esos fallecidos que eran civiles alcanza el 63%, lo que representa 66,081 personas.
También se brindan nuevas indicaciones de la participación de Irán en el entrenamiento y entrega de armas a la insurgencia iraquí.
En Irak, el ministro del Interior, Jawad Al-Bolani, reaccionó diciendo que "las violaciones de derechos humanos son inaceptables" y que están investigando las denuncias. "Nadie está por encima de la ley", dijo Al-Bolani.
Condena.
La publicación de estos documentos recibió la condena del Pentágono, que aseguró que no esperaba "grandes sorpresas", pero también dijo que la filtración podía poner en peligro vidas estadounidenses.
En Europa, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo mediante un vocero: "Condenamos la publicación no autorizada de cualquier material clasificado como delicado".
El portavoz agregó: "Esto puede poner en riesgo las vidas del personal británico y sus aliados y hacer el trabajo de las fuerzas armadas más difícil y peligroso.
Silencio.
La Casa Blanca guardó ayer silencio ante la filtración de documentos de Wikileaks sobre la guerra de Irak en medio de llamamientos internacionales para que EE.UU. diga por qué hizo la vista gorda ante las torturas sistemáticas en el país.
Por su parte, Amnistía Internacional indicó en un comunicado que, al igual que el resto de gobiernos, EE.UU. "tiene la obligación bajo el derecho internacional de asegurar que sus fuerzas no usan la tortura y que las personas detenidas por fuerzas estadounidenses no son entregadas a autoridades que puedan torturarlas".
Malcolm Smart, director de Amnistía para Oriente Medio, insistió en que EE.UU. incumplió con esa obligación en Irak a pesar del "gran volumen de pruebas" de que la tortura está extendida en el país.
