La guerrilla iraquí volvió a cometer un atentado suicida contra la ONU en Bagdad, que mató a un guardia de seguridad e hirió a 19 personas, en vísperas de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar sobre la caótica situación existente en este país.
La deflagración se produjo minutos después de las 08H00 (04H00 GMT), a la entrada de un área de estacionamiento destinada a los empleados locales del hotel Canal, sede de las Naciones Unidas, semidestruida tras el ataque del mes pasado, en el que murieron 22 personas, entre ellas su máximo representante en el país, el brasileño Sergio Vieira de Mello.
Un policía iraquí encargado de la seguridad a la entrada del complejo y el kamikaze murieron en la explosión, que está siendo investigada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense.
La mayoría de los heridos son guardias de la Fuerza de protección de las instalaciones (FPS), precisó un portavoz de la ONU, Antonia Paradela.
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al conocer la noticia, declaró estar "apenado por este nuevo atentado contra nuestras sedes en Bagdad".
"Necesitamos un ambiente seguro para poder operar" en Irak, añadió Annan, quien aclaró que "seguiremos adelante, pero es evidente que si esto continúa degradándose, nuestro trabajo se verá considerablemente afectado".
Este ataque se produjo después de un fin de semana sangriento en Irak durante el cual tres soldados estadounidenses perdieron la vida y un miembro del Consejo de gobierno transitorio iraquí, Akila al Hachimi, fue gravemente herida a bala en un atentado en Bagdad el sábado.
Akila Al Hachimi, una de las tres mujeres miembros del Consejo provisional de gobierno, sigue en estado grave en un hospital estadounidense de la capital iraquí.
Este norma señala: "Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante derecho a huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política, social y a los problemas empresariales".
Los dirigentes también reclamaron el apoyo del Consejo Ecuménico al Ejecutivo por ser garantes de la firma del compromiso de la presidente Mireya Moscoso de no privatizar la CSS, el cual consideraron como "desleal", ya que la iglesia debe estar con los pobres.
Por su parte, el Consejo Ecuménico llamó a la cordura durante la huelga y manifestó que el único móvil de su participación con el Ejecutivo ha sido el de crear un espacio para el diálogo.
Mediante un comunicado manifiesta que el contexto de la reunión ha tenido algunas malas interpretaciones, pero que el objetivo es encontrar los mecanismos para evitar mayores problemas con la CSS.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Juan Francisco Kiener, pidió a Moscoso que implemente todas las medidas necesarias para garantizar que los empresarios, trabajadores y estudiantes, tengan acceso a los lugares de trabajo.
Asimismo, pidió seguridad para acceder a las escuelas, hospitales, clínicas y a los servicios públicos y privados que tiene derecho la población, en respeto de las garantías que son vulneradas con la huelga nacional.
Por su parte, John Benett, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), afirmó manejar información de que los trabajadores de las empresas privadas no brindarán un respaldo mayoritario a la convocatoria de paro.
Sostuvo que la paralización de labores genera serias pérdidas económicas por más de 30 millones de balboas diarios y que en el fondo afecta la inversión económica.
El Sindicato de Trabajadores Industriales del Banano de Bocas del Toro decidió anoche que sus 3 mil miembros realizarán hoy una huelga de 24 horas prorrogables.
Mientras que la alianza gubernamental de los partidos Arnulfista, MOLIRENA y Liberal, hizo un llamado a la dirigencia sindical a deponer las acciones de presión, puesto que existe un compromiso de la coalición de respetar la autonomía de la CSS y no privatizarla. Los argumentos se desprenden de un comunicado, donde sostienen que la decisión de la dirigencia sindical de convocar a una huelga no tuvo la suficiente consulta con las bases, lo que infringe el principio democrático y por ende se convierte en ilegal.
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