China endureció su campaña contra el independentismo islámico al ejecutar a otros dos activistas uigures, a los que acusó de apoyar la lucha armada en la región noroccidental de Xinjiang.
Además, otros 16 activistas fueron condenados a penas que van desde cinco años a cadena perpetua por el Tribunal Popular Intermedio de Aksu, localidad cercana a la frontera con Kirguizistán.
En concreto, los ejecutados, Akmed Tash y Lokman Mamet, ostentaban el cargo de presidente y tesorero de este grupo, que nunca ha sido incluido por las autoridades chinas en la lista de grupos terroristas.
