El proceso para resolver los casos de españoles residentes en Venezuela afectados por la ocupación de sus tierras está avanzando, indicaron hoy fuentes consulares españolas y fuentes del ministerio venezolano de Exteriores.
El cónsul general de España en Venezuela, Aníbal Jiménez, señaló a Efe que se han celebrado el lunes y hoy dos reuniones con ciudadanos cuyas tierras han sido invadidas.
Precisó que se estudiaron unos 30 casos en la reunión del lunes, celebrada en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Caracas, y que hubo otro encuentro hoy en el que se examinaron de forma más detallada unos 25 expedientes.
El cónsul, que participó en ambas reuniones, destacó que se aprecia por parte del Gobierno venezolano un "esfuerzo" para "desbloquear" la situación y avanzar en el proceso para resolver los más de 70 casos relativos a la ocupación de tierras de españoles o venezolanos de origen español afectados.
Señaló el "trato excepcional" dado a este proceso que se inscribe en el "buen clima" de las relaciones entre ambos países.
Asimismo, indicó que la Embajada española en Caracas ha contratado un bufete de abogados para ofrecer asistencia jurídica a los afectados, y agregó que dos asistentes del despacho le acompañaron en las reuniones.
Por su parte, la Cancillería venezolana subrayó en un comunicado que este lunes el presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, junto a un equipo jurídico-técnico y una representación del ministerio, "atendió a los ciudadanos de origen español que revisan la situación de sus propiedades con ese organismo".
En la jornada, se instalaron cuatro estaciones de trabajo en la áreas de contrato, registro agrario, apoderados judiciales y cadena de titularidad, para que "los propietarios aclaren las dudas que surjan en el proceso de conversaciones con las autoridades nacionales", señala la nota.
También indica que Loyo manifestó en la reunión que "el diálogo con ese grupo de venezolanos de origen español se da en consonancia con las buenas relaciones entre ambos países y respetando los acuerdos internacionales suscritos".
El INTI precisa que recibió 110 casos en este proceso, de los que 60 ya han sido solucionados, 16 están en proceso y 34, entre los que se incluyen los 30 actuales, han sido citados para determinar su "estatus", en esta situación que se origina en la aplicación de la "Ley de Tierras y Desarrollo Agrario" de 2001.
Chávez declaró en enero de 2004 la "guerra a muerte contra el latifundio", y exigió a los gobernadores y alcaldes del país identificar los terrenos ociosos para recuperarlos, entregarlos a campesinos pobres y ponerlos a producir.
El Gobierno ha pagado indemnizaciones a la mayoría de los afectados, aunque las intervenciones han sido rechazadas por los gremios empresarial y ganadero que han calificado la medida de "ilegal e inconstitucional".
El artículo 115 de la Constitución Bolivariana de 1999 garantiza el derecho a la propiedad y ampara las figuras de intervención y expropiación "por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización".
En junio de 2006, once campesinos de origen español recibieron 3,16 millones de dólares como pago por sus fincas invadidas cuyas dimensiones iban de las 20 hectáreas, la más pequeña, a 235 hectáreas, la más grande.
