Críticas
- El tema del abortó saltó fuerte a la palestra en la primera semana de enero cuando la hasta entonces ministra de Salud, Helia Molina declaró que en todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas.
- La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, contrarios a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto.Y también la hipocresía de las personas que con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos.El rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo procede principalmente del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente y de la Iglesia, en un país donde el 72% de la población se declara católica, pero sólo un 14% se declara observante.
La presidenta de Chile envió al Congreso un proyecto de ley que seguramente significará un fuerte debate parlamentario, para despenalizar el aborto en tres supuestos: malformación del feto, riesgo de vida de la madre y violación.
“No podemos condenar a las mujeres a que carguen solas con el dolor con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causas de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos su sufrimiento, arriesgamos su vida”, afirmó Michelle Bachelet al presentar el proyecto, que ya había anunciado en su discurso a la nación en mayo pasado.
Se prevé un arduo debate parlamentario en torno a la cuestión. Chile es uno de los menos de 10 países en el mundo que no permite el aborto en ningún supuesto y donde el 70% de la población se declara católica. Varios legisladores en la oposición, pero también dentro de la Nueva Mayoría que apoya a la presidenta, ya han anunciado su rechazo al proyecto.
Bachelet recordó que el aborto terapéutico estaba permitido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se abolió de forma arbitraria poco antes de que abandonara el poder.
La mandataria apeló a que la legislación actual “supone un incumplimiento inequívoco de las leyes internacionales” al respecto, y recordó que varios organismos internacionales, como Naciones Unidas, han recomendado en reiteradas ocasiones modificar la actual legislación.
El proyecto pone especial atención a los embarazos de menores de edad en caso de violación y amplía el plazo de decisión para las menores de 14 años de edad, de las 12 semanas habituales a 18 semanas, puesto que “las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”, afirmó Bachelet.
También antepone la confidencialidad del facultativo médico a la obligación actual de denunciar ante el sistema judicial a la mujer que practica el aborto y permite la objeción de conciencia del profesional, en cuyo caso se derivará a otro facultativo que no la tenga.
Según cifras ofrecidas por la mandataria, unas 16,500 mujeres acaban hospitalizadas con riesgo para sus vidas o hay casos de malformación del feto en embarazos menores a 22 semanas. Cada año se registran 500 muertes por malformación fetal.
La medida fue acogida en las calles de Santiago con posiciones contrapuestas.
Organizaciones feministas se manifestaron frente a La Moneda para reclamar una legislación del aborto más amplia, que permita a la mujer tomar su propia decisión. Frente a ellas, grupos antiaborto portaban pancartas en que equiparaban abortar a un asesinato.
“Creo que la mujer tiene que tomar su propia decisión, es la responsable de su cuerpo y ella sabe por qué lo va a hacer, no es asesinato. La ley es tardía y debería ser más amplia”, afirma Sofía Guzmán, jubilada.
