Las multitudinarias movilizaciones, en las que participaron más de 10,000 personas, paralizaron varias horas el centro de las dos ciudades, cuyas calles fueron ocupadas por mineros, campesinos, jubilados, universitarios y vecinos de El Alto, que rindieron su homenaje a las víctimas de la revuelta del año pasado.
Hace un año, al menos 58 personas murieron durante los violentos choques entre las Fuerzas de Seguridad y manifestantes, que derivaron en la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de octubre del 2003.
La jaula, cuyo paso fue aplaudido por la población, también mostró muñecos de los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Gobierno (Interior) Yerko Kukoc, para quienes se pidió prisión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, al igual que para el ex presidente.
Las manifestaciones rebasaron en las calles el control de la Policía, que sólo atinó a cortar el tráfico y reforzar la seguridad en la Plaza Murillo, donde se encuentran los palacios del Gobierno y del Parlamento, para impedir el ingreso de la masa.
Por su parte, La Central Obrera Boliviana (COB) comenzó a presionar a favor de la extradición desde Estados Unidos del depuesto presidente, para ser sometido a un juicio de responsabilidades autorizado por el Congreso de Bolivia.
El líder de la COB, Jaime Solares, amenazó con medidas de presión para que el gobierno del presidente Carlos Mesa y el Poder Judicial tramiten la extradición del ex presidente acusado de genocidio y delitos económicos al Estado.
De acuerdo con la ley de Responsabilidades, Sánchez de Lozada, que ha contratado un estudio de abogados en La Paz, puede ser juzgado en ausencia tras ser declarado rebelde y contumaz a la ley.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, urgió al poder Legislativo un plazo de tres meses para "enjaular" a Sánchez de Lozada.
Los ánimos de los manifestantes estuvieron más acalorados después de que la prensa local publicó ayer una denuncia de la Fiscalía General de la República que responsabilizó a Sánchez de Lozada del destino de más 22 millones de dólares, que supuestamente fueron extraídos del Banco Central en octubre del año pasado.
Guillermo Richter, uno de los abogados de Gonzalo Sánchez de Lozada, declaró a la prensa que la acusación era de tal gravedad, "que el fiscal tiene que demostrarla" sin esperar al inicio del juicio de responsabilidades planteado contra el ex mandatario.
La Corte Suprema de Justicia está a la espera del pliego acusatorio que se elaboró para juzgar al ex mandatario, quien, por lo cual la Fiscalía General también analiza la posibilidad de solicitar la extradición del mandatario, si no se presenta voluntariamente para ser juzgado en la ciudad de Sucre, la sede del Poder Judicial.
