Fuego
- Enero
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Discotecas en Brasil presentan serios riesgos en materia de seguridad contra desastres y poco han mejorado 100 días después de un incendio que dejó 242 muertos en una discoteca en el sur del país, advirtieron las autoridades y familiares de las víctimas.
“Casi nada ha cambiado (desde la tragedia), la tarea no se ha hecho y nuestros hijos pueden pagar por eso”, advirtió Adherbal Alves Ferreira, cuya hija Jennefer, de 22 años, murió en el incendio del 27 de enero en la ciudad de Santa María.
Marcelo Lima, director del Instituto Sprinkler Brasil, una organización que promueve el uso de sistemas de aspersión en edificios públicos para prevenir incendios, admitió que es casi imposible resolver en tres meses lo que ha sido una cultura de décadas de abandono de la seguridad en casos de siniestros.
El incendio en el estado sureño de Río Grande do Sul puso al país en alerta de que los centros nocturnos funcionan sin controles de seguridad, y que la tragedia podría repetirse en cualquier momento si no se toman medidas de prevención.
“En la primera semana después del incendio se hizo una fiscalización general en todo el país y más de 600 discotecas fueron cerradas. Podemos afirmar que lo que ocurrió en Santa María pudo haber ocurrido en cualquier lugar del país”, advirtió el diputado Paulo Pimenta, de Santa María, quien preside una comisión parlamentaria que busca una legislación nacional que eleve los requisitos de seguridad en edificios públicos.
La tragedia ocurrió después de que el cantante del grupo Gurizada Fandangueira, que tocaba esa noche en la discoteca Kiss de Santa María, lanzó una bengala que pegó en la espuma aislante que cubría el escenario y prendió fuego. La mayoría de las víctimas murió por intoxicación con el gas tóxico emanado por la espuma al quemarse.
Dos integrantes del conjunto musical y los dos propietarios del establecimiento figuran entre los acusados por la tragedia.
Sin embargo, Pimenta destacó que también se debe responsabilizar al poder público que permitió el funcionamiento de la discoteca en condiciones precarias de seguridad.
Pimenta anticipó que el 11 de junio, la comisión especial para investigar el incendio espera votar una propuesta de ley que defina las responsabilidades que caben a las alcaldías, cuerpos de bomberos y gobiernos estatales para permitir el funcionamiento de un centro nocturno, y al mismo tiempo establezca normas mínimas de seguridad que deben ser aplicadas en cualquier lugar público.
En la actualidad, cada uno de los 27 estados tiene autonomía para definir sus reglas de seguridad en establecimientos públicos y los municipios tienen la potestad de conceder los permisos de funcionamiento.
