El presidente George W. Bush anunció que promulgará la reforma legal sobre el espionaje interno, que momentos antes aprobó el Senado, lo que dará inmunidad judicial a las empresas de telecomunicación involucradas en esa práctica.
Bush llamó a la revisión "una reforma esencial de inteligencia".
"Esta reforma ayudará a nuestros profesionales de inteligencia a conocer a quién habla a los terroristas, qué es lo que dicen y qué es lo que planean", agregó.
El Presidente hizo una breve declaración sobre la votación al llegar a Estados Unidos de una visita de cuatro días a Japón.
La ley es una victoria para el presidente, pues implica la protección retroactiva para las compañías de telecomunicación ante demandas legales, como lo había solicitado, y termina con un enfrentamiento político de casi un año sobre las normas al espionaje del gobierno.
"Esta ley es crucial para la seguridad de Estados Unidos", afirmó el presidente en la Casa Blanca.
"Tuvo una gran demora", agregó.
Bush afirmó que la ley protegerá la libertad de los estadounidenses al igual que su seguridad.
El presidente señaló que la reforma dará inmunidad judicial a las empresas de telecomunicación "por su cooperación anterior o futura con el gobierno".
Subrayó que con esta ley "es posible saber lo que dicen (los terroristas) y lo que están planeando".
Entre otros elementos, la iniciativa autoriza escuchas sin permiso judicial que utilizan las redes de EE.UU., sean de estadounidenses o de extranjeros.
La medida fue aprobada por el Senado con 69 votos a favor y 28 en contra.
Con esta votación, el Senado moderniza la llamada "Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros" (FISA), que data de 1978, pero que no incluía nuevas tecnologías de comunicaciones como celulares, Internet y correo electrónico.
La medida aprobada protege a las empresas de telecomunicaciones de demandas multimillonarias de personas que alegan que las escuchas violan las leyes sobre privacidad en Estados Unidos.
Puesto que la ley se podrá aplicar de forma retroactiva, las compañías que, a petición del Gobierno, han interceptado las llamadas telefónicas y correos electrónicos de las personas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se librarán de alrededor de 40 demandas multimillonarias.
La autorización de la medida puso punto final a casi un año de arduos debates y pugnas entre demócratas y republicanos sobre la regulación de las escuchas en EE.UU.
Los legisladores coincidían en que era necesario modernizar la legislación de 1978, pero los demócratas exigían que la nueva ley estableciese límites, de alguna manera, al poder del Gobierno de recopilar información.
Querían evitar que surgieran nuevas polémicas como la que se destapó a finales de 2005 cuando se supo que, tras los atentados de 2001, Bush autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -encargada del espionaje de las telecomunicaciones- un programa de escuchas sin necesidad de pedir autorización judicial.
Ese programa fue muy criticado porque la FISA estableció que las autoridades debían obtener un permiso antes de realizar cualquier tipo de escuchas o el registro de viviendas de sospechosos de terrorismo.
La ley supone un triunfo político para Bush, que exigía la aprobación de la ley con el argumento de que un rechazo podría provocar la pérdida de "pistas clave" para evitar nuevos atentados.
Sin embargo, la medida ha suscitado duras críticas de defensores de las libertades civiles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la ley de "inconstitucional" y de "asalto a las libertades civiles y el derecho a la privacidad".
"Esta legislación da al Gobierno vía libre y un cheque en blanco para acceder sin autorización judicial a las comunicaciones internacionales de estadounidenses inocentes", afirmó el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, en un comunicado.
