Un tribunal argentino condenó a prisión perpetua a dos antiguos jefes de la Policía Federal por el fusilamiento de 30 detenidos cuyos cadáveres fueron dinamitados durante la última dictadura militar (1976-1983).
Un tercer acusado, el comisario retirado Miguel Ángel Trimarchi, fue absuelto y se ordenó su inmediata libertad, en una decisión que fue repudiada por miembros de organizaciones de derechos humanos.
A raíz de los incidentes, el Tribunal Oral Federal Número Cinco de Buenos Aires ordenó el desalojo de la sala de los tribunales en la que se desarrolló el juicio, en el que desde finales de abril declararon unos 70 testigos. El tribunal condenó a los oficiales retirados Juan Carlos Lapuyole y Carlos Gallone por "privación ilegal de la libertad agravada".
