La batalla por la candidatura presidencial de la ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, pasó del plano político al judicial debido a las acciones que tanto partidarios como opositores promueven, a favor y en contra de ella, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fernando Barrillas, portavoz del oficialista partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo ayer que “en las próximas horas” presentará una denuncia penal en contra de la jueza de una corte provincial que el viernes pasado otorgó un “amparo provisional” contra el divorcio de Torres y el presidente guatemalteco, Álvaro Colom.
La pareja se separó legalmente para evadir la norma constitucional que prohíbe a algunos familiares del gobernante en funciones, entre ellos la esposa, aspirar a la Presidencia del país, lo que ha generado críticas de la oposición y de buena parte de la conservadora sociedad guatemalteca.
Según Barrillas, el amparo provisional contra el divorcio presidencial fue otorgado “sin fundamento legal” por la jueza Audi Arana, titular de la corte de primera instancia de Santa Lucía Cotzumalguapa, quien habría “actuado de forma parcial en este caso”.
La UNE también denunciará judicialmente a Mynor Berganza, quien solicitó el amparo en representación de una asociación de abogados privados, "por actuar con intereses ocultos" al promover el recurso contra el divorcio presidencial, dijo el portavoz del partido oficialista.
Las acciones penales en contra de Torres, que incluyen recursos de amparo presentados por sectores estudiantiles y políticos para impedir la inscripción oficial de su candidatura presidencial, “provienen de los mismos sectores que han tratado de desestabilizar el Gobierno del presidente Colom”, argumentó Barrillas.
Además del amparo contra el divorcio, un grupo de estudiantes universitarios y la dirigente de un partido opositor presentaron por separado recursos contra del Tribunal Supremo Electoral para impedir la candidatura de Torres.
