El Gobierno del estado norteño de Sonora, donde el pasado 5 de junio se produjo un incendio en una guardería que dejó 47 niños muertos, acusó al Ejecutivo mexicano de “proteger” a varios funcionarios federales y a los propietarios de ese jardín de infancia involucrados en el caso.
En un aviso publicado en los principales periódicos del país, el Gobierno sonorense, que encabeza Eduardo Bours, explica que la Fiscalía del Estado presentó cargos contra 14 personas “por su presunta responsabilidad en los trágicos hechos”.
Tras la denuncia de la fiscalía local, un juez dictó el pasado lunes órdenes de captura contra 13 de las 14 personas inicialmente acusadas, aunque de momento solo siete sospechosos han sido detenidos.
Medios locales afirmaron que los siete detenidos, todos empleados de una bodega de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, contigua al jardín de infancia y en la que se originó el fuego, fueron puestos en libertad tras pagar una fianza.
Las investigaciones han determinado que los propietarios de la guardería ignoraron varias recomendaciones de las autoridades para que adecuaran las puertas y salidas de emergencia y removieran los plafones de lona plástica inflamable, que a la postre ocasionaron que la catástrofe fuera peor.
