Las familias de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, periodistas asesinados hace veinte años en un pueblo del noroeste de Colombia, anunciaron en Bogotá que llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la prescripción de la acción penal en el país.
“En la investigación hubo irregularidades y no fue exhaustiva, por lo que recurriremos a instancias internacionales con el fin de encontrar la verdad”, declaró a Efe el historiador Daniel Chaparro, uno de los hijos de Julio Daniel Chaparro.
El poeta y periodista Chaparro y el reportero gráfico Torres, vinculados con el diario bogotano ‘El Espectador’, fueron tiroteados el 24 de abril de 1991 en Segovia, población a la que habían viajado para investigar una matanza de medio centenar de vecinos cometida por paramilitares en noviembre de 1988.
El caso de este crimen masivo, por el que está procesado un antiguo congresista, era el quinto de una serie sobre crímenes masivos a la que Chaparro había dado el título de “Lo que la violencia se llevó”.
El hijo de Chaparro rechazó que el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que siguió la investigación no haya declarado el crimen como de “lesa humanidad”, para que no prescribiera.
Varias organizaciones de periodistas del país y el exterior, como la colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), habían instado a que se impidiera que la acción penal sobre el doble crimen prescribiera, sin embargo, esta petición no fue tomada en cuenta.
