Idea
- Los activistas instaron al alcalde Carlos Giménez a que implemente la norma lo antes posible.
- “Le pedimos al alcalde Giménez que aplique esta política con rapidez”, expresó Jonathan Fried, director ejecutivo del grupo de ayuda a inmigrantes WeCount!
- La oficina del alcalde dijo que las autoridades trabajan en el desarrollo de un plan “para implementar la resolución”.
Activistas de inmigración y legisladores locales celebraron la aprobación de una normativa que limita la colaboración de las autoridades del condado de Miami-Dade con el Gobierno Nacional para detener a inmigrantes que viven sin autorización legal en Estados Unidos y que podría dejar en libertad a cientos de personas que permanecen encarceladas por delitos menores.
Aunque otras ciudades del país han aprobado normativas similares, el condado de Miami-Dade se ha convertido en el primero del estado de Florida en frenar los pedidos de detención de inmigrantes que formulan las autoridades federales amparadas en el programa Comunidades Seguras, implementado desde 2008.
“Hoy estamos aquí celebrando una gran victoria... estamos muy felices. No podríamos estar más contentos”, expresó Saraí Portillo, activista del Centro de Trabajadores de Miami. “La comunidad puede confiar ahora en que la policía no los entregará a la migra (autoridades de inmigración)”, dijo en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Gobierno Stephen Clark del centro de la ciudad.
La legislatura del condado de Miami-Dade aprobó por unanimidad una resolución que obliga al Gobierno Nacional a reembolsar al condado de Miami-Dade el dinero correspondiente a las detenciones como condición para que las autoridades locales respeten las órdenes de detención federales.
La resolución, cuya implementación sería inminente, establece que el departamento de prisiones del condado cumpliría con la solicitud de detención si el Gobierno federal le enviara el dinero y los inmigrantes en cuestión tuvieran una condena por un delito grave o estuvieran acusados de un delito por el que no pudieran salir en libertad bajo fianza.
Las autoridades locales, sin embargo, se negarían a detener a las personas que no tengan antecedentes criminales graves o que hayan cometido delitos menores.
“Obviamente los inmigrantes en nuestra comunidad que viven aquí desde hace años pagan impuestos, tienen niños estadounidenses y han cometido infracciones menores”, manifestó Cheryl Little, directora ejecutiva de la organización de ayuda a inmigrantes Americans for Immigrant Justice.
