La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado ecuatoriano por el despido arbitrario de ocho vocales del Tribunal Constitucional en el año 2004 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.
La Corte IDH informó, tras notificar a las partes, acerca de la sentencia que tiene fecha del 28 de agosto y en la que afirmó que el Congreso no tenía potestad para separar de sus cargos a los vocales.
Los jueces calificaron los hechos como una “cesación arbitraria” y que junto a “los juicios políticos” contra los vocales en el Congreso, provocaron la violación de los derechos a las garantías judiciales, la independencia judicial, la garantía de imparcialidad y de acceder a un recurso judicial efectivo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en 2011 el caso ante la Corte IDH, al considerar que el Congreso ecuatoriano hizo en 2004, a través de una resolución, un cese arbitrario de los ocho funcionarios, pues este mecanismo no estaba previsto ni en la Constitución ni en la ley.
Después de que los vocales magistrados fueron cesados en sus cargos el 2 de diciembre de 2004, el Congreso ecuatoriano resolvió los pedidos de juicio político formulados contra algunos de ellos, sin que se obtuvieran los votos necesarios para adoptar una moción de censura.
En su fallo, la Corte IDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó a Ecuador a pagar $60,000 para cada uno de los ocho jueces cesados como indemnización por la imposibilidad de retornar a sus cargos.
