La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Gobierno de Brasil la suspensión cautelar de las obras de la represa de Belo Monte por su amenaza a la vida de varios pueblos indígenas del Amazonas, informaron ayer organizaciones indigenistas.
El organismo dependiente de la OEA solicitó la suspensión "inmediata" de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que el Gobierno cumpla una serie de requisitos para proteger a la población originaria de la región, según divulgaron las ONG que defienden a los pueblos que son afectados.
Las obras comenzaron el mes pasado en la localidad de Altamira, en el estado de Pará, apenas dos semanas después de que un juez pidiera la suspensión del proceso de licitación por supuestas irregularidades en la concesión apresurada de los permisos.
Los grupos ecologistas temen daños irreparables al ecosistema del río Xingú, uno de los principales afluentes del Amazonas, y los indigenistas protestan porque la represa, que será la tercera mayor del mundo desplazará de sus hogares a unas 50.000 personas, incluidos una decena de pueblos indígenas.
La carta de la CIDH, firmada por el secretario ejecutivo del organismo, Santiago Cantón, y remitida a las comunidades de indígenas del Xingú fue divulgada íntegramente por el Consejo Indígena Misionario (Cimi).
Por su parte, el Gobierno brasileño tildó ayer de "precipitada e injustificable" la orden de la CIDH de suspender las obras de la represa de Belo Monte en la selva amazónica, informaron fuentes oficiales.
Además, aseguró que ha cumplido "con rigor absoluto" todas las normas aplicables a la construcción de la hidroeléctrica.
