La controversia sobre los 69,000 muertos del conflicto interno en Perú anunciada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se agudizó ayer luego que uno de los comisionados aseguró que esa no era la cifra real de víctimas fatales.
"El informe debió decir que los muertos eran 24,000 con una proyección de 69,000" declaró al diario limeño Correo el general en retiro, Luis Arias Grazziani, miembro de la CVR y consejero en asuntos de seguridad del presidente Alejandro Toledo. El militar recalcó que lo válido "son las muertes comprobadas" (...) Hay que ser muy frío en esto. Las pasiones hay que dejarlas a un costado, aunque sé que ellos (los otros comisionados) tienen su corazoncito", acotó en aparente referencia a las ideas de izquierda de la mayoría de comisionados.
El presidente de la CVR, Salomón Lerner, defendió la cifra de 69,000 muertos a causa de la violencia en las dos últimas décadas y recalcó que "no es una invención sino un resultado científico y riguroso". "Son proyecciones estadísticas con un margen de error de 11 puntos para arriba y 11 puntos para abajo, pueden ser no menos de 60,000 o más", detalló.
Explicó que a partir de la cifra efectiva de cerca de 25,000 muertos con nombres y apellidos se hicieron las proyecciones pues muchos de quienes perdieron la vida eran campesinos que vivían sin documentos de identidad oficiales.
Esta última medida tiene que ver con el hecho de que el Gobierno español decidió no solicitar la extradición por considerar que estaban dadas las condiciones para que los reclamados fueran juzgados en Argentina y en ese sentido también pidió a la justicia de este país que los mantenga privados de libertad mientras no haya un pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto.
Como lo hizo el sábado Canicoba dijo ayer que no puede acceder a la petición de Garzón "en los términos" en que está planteada y que para seguir con las detenciones hay "todo un procedimiento que cumplir".
Carlos Slepoy, el abogado argentino al frente de la acusación popular en la causa que se sigue en España contra los violadores de los derechos humanos en Argentina, opinó ayer en declaraciones a una radio desde Madrid que Canicoba debe mantener detenidos a los 40 de la lista de Garzón no en virtud del pedido de extradición. El motivo debe ser que "estas personas han cometido gravísimos delitos y porque las leyes permiten su juzgamiento", dijo a Radio América.
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