Colombia en la encrucijada

El asesinato durante una operación de rescate de dos políticos y ocho militares que las FARC mantenían como rehenes somete a una enorme presión al presidente Alvaro Uribe, en un país adolorido que exige se privilegie un acuerdo humanitario, sobre las operaciones militares, para liberar a cientos de secuestrados.
El gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri y ocho militares fueron asesinados por las FARC el lunes cuando un comando de 75 miembros de las fuerzas especiales del Ejército intentaban rescatarlo, según el testimonio de uno de tres uniformados que sobrevivió a la matanza.
La matanza ocurrió en una zona rural del municipio de Urrao, a 300 kilómetros al noroeste de Bogotá, cerca de Medellín. Serán velados en la sede de la gobernación de Antioquia.
Por su parte, el papa Juan Pablo II expresó ayer un enérgico rechazo a los actos terroristas que enlutaron el lunes a Colombia con el asesinato de un ex ministro de justicia, un gobernador departamental y ocho militares, y pidió consuelo para las víctimas de la violencia en un telegrama enviado al arzobispo de Medellín, Alberto Giraldo Jaramillo.
También, la viuda del gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria responsabilizó ayer al gobierno por el frustrado rescate del Ejército que terminó con la muerte de su marido.
"El gobierno provocó la situación", dijo Yolanda Pinto de Gaviria, mientras esperaba que le entregaran el cuerpo de su esposo. Pero la hija del ex ministro de Defensa y asesor de paz asesinado, Gilberto Echeverri, defendió al decisión presidencial. No, nosotros no vamos a cuestionar al presidente, lo apoyamos a él y a las fuerzas militares, dijo Lina Echeverri.
En medio del dolor y la indignación que este hecho ha producido, el presidente Uribe -quien asumió su responsabilidad por el operativo- se ve sometido a las críticas por el intento de rescate y a una enorme presión para que se acuerde cuando antes un intercambio humanitario con la guerrilla, que permita la libertad de cientos de secuestrados.
Las 10 muertes se producen en un momento en que el gobierno y la guerrilla han señalado su intención de avanzar hacia un intercambio humanitario que permita liberar secuestrados por guerrilleros en prisión, pero en que señalan condiciones que la contraparte juzga inaceptables.
El presidente Uribe ha expresado en varias ocasiones en los últimos días -y lo reiteró la noche del lunes, al dar el parte del fallido operativo de rescate- que hay condiciones exigidas por la guerrilla ante las cuales su gobierno no puede ceder.
El mandatario ha expresado que el acuerdo se debe hacer por intermedio de la ONU, que no habrá zona desmilitarizada para negociaciones, que se debe pactar la libertad de todos los secuestrados y que los guerrilleros que salgan de prisión vayan al exterior para evitar que sigan delinquiendo.
Las FARC, por su parte, quieren diálogo directo, una zona despejada, liberar a unas 70 personas que considera canjeables y que sus hombres sean entregados en el país.