El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, anunció que una “comisión especial” con “apoyo de un comisionado de la OEA” investigará la matanza ocurrida el pasado día 15 durante un desalojo policial de campesinos “sin tierras” en una hacienda del nordeste del país.
Lugo explicó que la comisión estará formada por “referentes notables de la sociedad civil paraguaya” y que la suya será una investigación independiente de la iniciada por los organismos jurisdiccionales del país.
Seis policías y 11 campesinos fallecieron en un enfrentamiento armado el pasado viernes en una hacienda de Curuguaty, a 350 kilómetros al noreste de Asunción, propiedad del conocido político y empresario Blas N. Riquelme.
Lo ocurrido fue un episodio de violencia insólito en Paraguay, país donde existe un enquistado conflicto por la posesión de tierras a causa de las masivas adjudicaciones irregulares que se produjeron durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89).
“La lucha por la tierra en nuestro país fue históricamente no violenta”, recordó Lugo, para denunciar que, según las primeras pesquisas, los policías actuaron en Curuguaty con “vocación pacifista” y se vieron “sorprendidos en medio de un protocolo de diálogo” por la actuación de “profesionales del delito” que emplearon “armamento de alto impacto”.
El presidente aclaró que dará a conocer los nombres de los miembros de la comisión investigadora según se vaya formando, y adelantó que esta contará con el “apoyo de un comisionado especial de la OEA” que ofrecerá un "marco de garantía internacional al proceso".
