El Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó la decisión del Gobierno de México de emplear el Ejército para combatir las poderosas y violentas redes del narcotráfico.
“El Comité considera una preocupación el hecho de que se emplee el Ejército en la seguridad interna”, dijo el miembro de este foro de Naciones Unidas, Fabián Omar Salvioli, en la presentación de los informes sobre los países que han sido examinados en la última sesión, celebrada a principios de marzo.
Este abogado argentino resaltó que la responsabilidad de combatir la delincuencia debe estar “en manos civiles”, y pidió que el Estado garantice el cumplimiento en todo el territorio de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El Comité, que examinó a México los pasados 8 y 9 de marzo, también señala en el informe la necesidad de eliminar de la legislación mexicana la figura jurídica del “arraigo”, que permite retener a una persona durante 80 días sin intervención de un juez.
Asimismo, recalca que el procesamiento de casos de violaciones de los derechos humanos a civiles por militares no debe “en ningún caso” recaer en la justicia castrense.
También reitera su preocupación porque “el Estado no tiene una ley que reconozca el derecho de objeción de conciencia en el servicio militar y no tenga intención de promulgar una”.
En sus observaciones, pide al Gobierno mexicano que “intensifique” la lucha contra la impunidad en los casos de violencia de género, particularmente en el de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y demanda que se tipifique el “feminicidio” en todas las jurisdicciones.
“Las instituciones creadas para abordar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez deben contar con suficiente autoridad y recursos humanos y financieros para cumplir su mandato con eficacia”, subraya el documento.
También manifiesta su preocupación por la impunidad con que actúan los responsables de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas.
Por ello, insta a las autoridades a que proporcionen una mayor protección a las personas amenazadas en el ejercicio de sus labores profesionales.
