Verdad
- La Comisión de la Verdad asegura hubo 2,095 muertos y 1,102 desaparecidos.
- La mayor crisis económica se produjo en 1982 en parte por la recesión mundial de 1980 (de la cual Chile estaba desprotegido por su excesiva dependencia del mercado externo).
Un juzgado de Santiago condenó al Estado chileno a pagar a cada uno de los 31 antiguos presos políticos 150 millones de pesos ($319 mil) como indemnización por el “daño moral” que les causó su cautiverio en una inhóspita isla de la Patagonia, según fuentes judiciales.
El fallo, emitido por la jueza Claudia Donoso, del 18.º Juzgado Civil de la capital chilena, acogió una demanda presentada en enero de 2008 por los exprisioneros, residentes en la austral región de Magallanes.
Los demandantes, tras ser secuestrados por agentes del Estado, permanecieron largo tiempo confinados en diversos centros de detención de la zona, especialmente en la isla Dawson, a cargo de la Marina chilena, 2,500 kilómetros al sur de Santiago.
La jueza Donoso fundamentó su fallo en “la gravedad de las violaciones a los derechos humanos” a que fueran sometidos los demandantes, que “fueron reconocidos oficialmente como víctimas del Estado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.
El documento, conocido como “Informe Valech” certificó el año 2004 que unos 33,000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La magistrada rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado para prescribir el caso, por considerar que “no es posible sostener, a juicio de esta sentenciadora, que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso del tiempo”.
“Ello significaría un desconocimiento del Derecho Humano conculcado”, remarcó la jueza, cuyo fallo se sustenta en el artículo 131 del Convenio de Ginebra, referido a la aplicación de torturas.
Baldovino Gómez, y otros demandantes consideraron en una declaración pública que el Estado “debiera acatar la resolución judicial y no apelar”. “Estamos dispuestos a concordar con el Consejo de Defensa las formas de ejecución el veredicto”.
