La prensa de todo el mundo se hizo eco este año de los "microapartamentos" de dos metros cuadrados de Pekín, pero antes de que la especulación inmobiliaria generara ideas como estas, muchos inmigrantes chinos ya vivían en sótanos a seis metros cuadrados bajo tierra y sin ningún tipo de condiciones higiénicas.
Los sótanos suelen tener unas treinta habitaciones que oscilan entre un mínimo de cinco y un máximo de 12 metros cuadrados. El precio del alquiler varía dependiendo del espacio.
En la cueva donde vive Wang Rong, una mujer de 39 años, las 40 personas que lo habitan comparten un único baño, compuesto de varios retretes y sin ducha. No hay cocina y se prohíbe encender fuego, pero, según cuenta Rong, "todo el mundo lo usa a escondidas".
Los "vecinos" acostumbran a dejar la ropa en el pasillo porque en sus habitáculos no tienen suficiente espacio y la humedad estropea las prendas de vestir. El corredor, cuyas paredes están pintadas de blanco y azul, es iluminado con pequeñas bombillas y la escasa luz que proporcionan hace que el lugar sea todavía más desalentador.
Excepto Wang, ninguna de las personas que componen esta comunidad es pequinesa. Algunos son estudiantes, pero la mayoría inmigrantes que han huido de la falta de posibilidades laborales que existen en sus provincias.
Las últimas estadísticas de Pekín indican que el 27% de los 600 millones de urbanitas son inmigrantes rurales que trabajan en la ciudad, pero mantienen el "hukou" del campo. Eso significa que uno de cada cuatro habitantes de las ciudades es todavía campesino y no goza de los mismos derechos que su vecino.
El "hukou" es un registro civil introducido por Mao Zedong, en la década de 1950, para impedir la avalancha de inmigrantes a las ciudades. Además, divide a los ciudadanos en urbanos y rurales, y estos pierden sus derechos al trasladarse para trabajar en otro lugar.
Un sistema ineficaz, ya que no ha evitado la masiva llegada de inmigrantes rurales a las urbes, y al carecer de "hukou" en las zonas urbanas, acaban convertidos en ciudadanos de segunda con menor acceso a servicios como la educación o sanidad.
Por ello, son muchos los que se ven obligados a hacinarse en estos sótanos. Además de luchar ante unas pésimas condiciones de vida, los menos afortunados, como Wang y sus vecinos, tienen que hacer frente a un problema que en China se ha convertido en una polémica nacional: los desalojos forzosos.
Tres días para desalojar su "vivienda". Ese es el tiempo que le han dado a este grupo de inmigrantes para que abandone el sótano en el que vive. No saben quién dicta la orden y mucho menos el motivo para la toma de esta decisión. Tampoco importa que el alquiler de los próximos meses haya sido pagado con antelación. El dinero no les será devuelto.
"Es gente muy pobre. Nadie les ayuda y están totalmente indefensos. No se puede tratar así a las personas ¿acaso no son humanos? No son animales. Algunos no tienen adónde ir", relata la pequinesa Wang.
Al lado de Wang, se encuentra Wu Xiao, un inmigrante de la provincia central de Henan, que tras pasar tres días fuera de Pekín todavía no sale de su asombro ante la situación con la que se ha topado al llegar a "casa".
"Acabo de llegar y me he encontrado con que me tengo que ir hoy mismo. Nos han cortado el agua y la electricidad para evitar que nos quedemos", comenta.
Miembros del grupo de expertos del Gobierno aseguran que tanto los desalojos violentos como las demoliciones continuarán, a pesar de proyectos de ley para frenarlos y compensarlos adecuadamente.
