El ex presidente Ernesto Samper dijo ayer haber recibido “con alguna preocupación” el fallo de un alto tribunal que condenó a la nación por actos de omisión y desatención relacionados con la toma guerrillera de una base militar hace casi 15 años.
A fines de agosto de 1996, unos 600 guerrilleros de las FARC atacaron la base militar de Las Delicias --ubicada en el poblado de La Tagua, en el departamento de Putumayo, mataron a 31 integrantes de las fuerzas gubernamentales y secuestraron a otros 60, quienes en junio del año siguiente fueron dejados en libertad.
El fallo del Consejo de Estado condenó a la nación a pagar unos 933,000 dólares a tres soldados que resultaron heridos y a los familiares de uno más que fue muerto en la toma “como indemnización por los perjuicios causados”.
El lunes, el Consejo de Estado concluyó que la responsabilidad por el ataque se le imputa al Estado porque “no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención'' por parte de los altos mandos militares de la época.
El Consejo de Estado es uno de los cuatro altos tribunales de Colombia que se encarga de dirimir las demandas administrativas de los particulares.
Para Samper (1994-1998) “es muy peligroso que nosotros aceptemos que la sola presencia de una base militar en cualquier región del país, en cumplimiento de unos objetivos militares, como en este caso era la lucha contra el narcotráfico, se pueda convertir en una situación de riesgo''.
Por el contrario, advirtió el ex gobernante, “ese es el deber del Estado, asegurar la presencia militar en sitios donde hay un conflicto”.