La Procuraduría General ratificó ayer la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante después del presidente.
La decisión del procurador general Alejandro Ordóñez es de última instancia y también incluyó la ratificación de prohibir al funcionario el ejercicio de cargos públicos por 15 años, según un comunicado publicado en la página de internet de la Procuraduría.
No quedó en claro de inmediato quién quedaría a cargo de la alcaldía, tras la salida de Petro, y si la decisión es de cumplimiento inmediato.
La sanción fue impuesta por “falta gravísima” en el caso de un cambio decretado por Petro en el sistema de recolección de basura de la ciudad en 2012.
La Procuraduría mantiene que la medida de Petro vulneró principios constitucionales de libre empresa y competencia y que por tres días la ciudad estuvo regada de bolsas de basura y se dejaron de recoger entre 6,000 a 9,000 toneladas de desechos.
Petro, un exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), había apelado ante la Procuraduría un primer dictamen de esa entidad emitido el 9 de diciembre.
La Procuraduría dijo en su comunicado que la decisión debe comunicarse al presidente Juan Manuel Santos, quien es “el funcionario competente para la ejecución de la sanción impuesta”.
Según normas constitucionales invocadas por Petro, el mandatario es el único facultado por destituir a un alcalde capitalino.
