Unas 2.000 mujeres salvadoreñas que representan a diez organizaciones se manifestaron hoy en San Salvador para conmemorar el "Día internacional de la mujer rural" y exigir derechos sociales y económicos.
El día dedicado a la mujer rural se celebró el pasado día 15, pero las salvadoreñas lo pospusieron para hoy aprovechando la realización de la XVIII Cumbre Iberoamericana que fue inaugurada ayer, miércoles, y concluirá mañana en El Salvador, informó una portavoz de las féminas.
Entre las manifestantes también hubo algunos grupos que protestaron contra la presencia en la Cumbre Iberoamericana del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien acusan de "violador de su hijastra", Zoilamérica Narváez, dijo la portavoz Milagro Alvarado, miembro de Colectiva Feminista.
Alvarado declaró a EFE que las mujeres organizadas quieren que los presidentes de los países iberoamericanos se enteren de que en El Salvador el gobierno que preside Elías Antonio Saca no escucha sus peticiones.
"Saca no nos ha respondido a peticiones de empleo, mejores ingresos, respeto al derecho laboral, la creación de un fondo para iniciativas económicas de las mujeres y otras conquistas", añadió Alvarado, una madre soltera, con dos hijos, y estudiante de Trabajo Social en la Universidad Luterana Salvadoreña.
Las manifestantes, entre las que figuraban mujeres de organizaciones de Nicaragua, criticaron al arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, a quien acusaron de interferir en las políticas del gobierno que preside Saca.
"El presidente Saca no respeta los derechos de las mujeres y le obedece en todo a Sáenz; eso no lo podemos permitir las salvadoreñas", dijo a Efe Morena Herrera, del movimiento "Feministas contra la impunidad".
Agrego que varias organizaciones recibieron presiones de políticos, empresarios y el gobierno para que no protestaran durante los días de la XVIII Cumbre Iberoamericana.
La marcha, encabezada por dos mujeres con máscaras con la imagen impresa del presidente Saca y del arzobispo Sáenz Lacalle, se desarrolló con normalidad, con presencia de procuradores estatales de derechos humanos y la colaboración de la Policía Nacional Civil.
