El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reelegido el pasado domingo, dijo ayer que los cuatro años de su nuevo mandato son los "últimos" que estará al frente del país, incluso aunque se cambie la Constitución para permitirlo.
"Yo me opondría a cambiar el sistema de reelección, que es muy razonable", dijo Correa, que asumió el poder en 2007 y, según la Constitución, no puede concurrir a una nueva reelección.
"Si hay la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano de cambiarlo, bueno, que ellos decidan, yo no me lanzo, independientemente de cuál sea el sistema, estos son mis últimos cuatro años", afirmó en un encuentro con la prensa extranjera.
Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha divulgado resultados oficiales definitivos de los comicios legislativos celebrados el pasado domingo a la vez que los presidenciales, Correa dijo que el Movimiento Alianza País, que él encabeza, logró entre 97 y 98 escaños en la nueva Asamblea Nacional.
Eso supone más de dos tercios de la Cámara, que tendrá 137 miembros, y le permitirá hacer cambios a la Constitución, aprobada en 2008.
Correa dijo que "hay inconsistencias" en la Carta Magna, como la división de competencias en salud y educación entre municipios y Gobierno central, así como la figura de la "acción de protección", que faculta a un juez que pare una medida gubernamental por causa de una demanda ciudadana, lo que consideró "un absurdo".
También dijo que "hay que sacar el candado constitucional" al tema de los transgénicos.
La Carta Magna declara al país "libre de cultivos y semillas transgénicas", pero Correa destacó que no prohíbe el consumo de alimentos modificados genéticamente, que son importados de países donde son legales.
"Si estamos consumiendo, produzcamos nosotros, o si no, no consumamos", dijo Correa, quien aclaró que no apoya los transgénicos, sino un debate nacional sobre el tema.
Indicó que en todo caso las reformas constitucionales que promovería en la nueva Asamblea Nacional serían "muy puntuales".
Respecto a su agenda legislativa, el mandatario dijo que retomará el proyecto de ley de aguas, atascado en la Legislatura -a su juicio- porque los grupos indígenas "querían manejar el agua", lo que consideró "ilegítimo" y "antidemocrático".
