En una ceremonia solemne en la sede de la ONU en Nueva York, el sueño de crear un Tribunal Penal Internacional (TPI) que juzgue a acusados de crímenes de guerra y genocidios, se convirtió ayer en una realidad.
"La humanidad ya no tendrá que testimoniar con impotencia las peores atrocidades, porque los que intenten cometer estos crímenes saben ahora que la justicia los espera", señaló el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en una vídeo-conferencia desde Roma.
Bosnia, Bulgaria, Camboya, Congo, Irlanda, Jordania, Mongolia, Nigeria, Rumanía y Eslovaquia fueron las 10 naciones que ratificaron ayer el Estatuto de Roma, con lo que se sobrepasó el requisito de 60 países necesarios para la creación del TPI, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
"Hemos pasado una página de la historia de la humanidad", afirmó el subsecretario para Asuntos Legales de la ONU, Hans Corell, cuando recibió los instrumentos de ratificación de estos países.
A pesar de la oposición de EU, China, Israel y otras naciones, los responsables del Comité Preparatorio del TPI están convencidos de que estos países acabarán respaldando el proyecto mundial, que de momento tiene 66 países que lo han ratificado.
"Es un día histórico, pero esto es sólo el comienzo, pues esperamos que tenga una aceptación lo más amplia posible y países que ahora muestran sus reservas, una vez se haya establecido y vean su funcionamiento, se sumarán a la iniciativa", indicó el presidente del Comité Preparatorio y embajador de Canadá, Philippe Kirsch.
En 1998, 120 países firmaron el Estatuto de Roma, a los que se añadieron 16 naciones más en los últimos años, entre ellos EU, cuyo entonces presidente Bill Clinton puso su firma el último día de su mandato, aunque ahora un sector más conservador del Congreso está presionando para retirarla.
"El hecho de que las cláusulas del TPI permiten al Consejo de Seguridad de la ONU remitir casos, hará que EU lo ratifique, ya que es uno de los líderes del Consejo con derecho a veto", manifestó William Pace, de la Coalición para el tribunal internacional.
Dicha alianza agrupa a más de 1,000 organizaciones no gubernamentales, que están presionando en Washington para que EU formen parte de este tribunal. Aunque el empuje inicial para el establecimiento del TPI fue de la Unión Europea y Canadá, sus promotores coinciden en señalar que ha sido un triunfo también de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
"Es la victoria de una nueva diplomacia que se basa en la colaboración de los gobiernos, las entidades internacionales y las organizaciones no gubernamentales", precisó Corell.
Sólo los países signatarios tendrán derecho a participar en la elección de jueces y fiscal del TPI, que procesará sólo a individuos responsables de crímenes de guerra y genocidios, a diferencia del Tribunal Internacional de Justicia, cuya competencia es procesar disputas entre Estados.
"No será una panacea que solucionará todos los conflictos, así como tampoco reemplazará los sistemas judiciales nacionales, sino que los reforzará", manifestó Kirsch. El TPI aún es un capítulo abierto que permitirá la adhesión de otros países durante el transcurso de su creación y después de entrar en funcionamiento.
Los responsables del comité preparatorio señalaron que existen rumores de presiones de EU sobre algunos países, pero que éstos no han sido confirmados. Sin embargo, fuentes de una ONG revelaron que EU presionó a países como Bolivia y otros más pequeños, para que no ratifiquen el Estatuto de Roma.
"El TPI no es un instrumento político, sino judicial y nos maravillamos de la rapidez sólo 4 años en que ha prosperado su creación", indicó Corell. El subsecretario para Asuntos Legales de la ONU recalcó que es un órgano judicial a largo plazo y que a igual que otros hitos históricos de las Naciones Unidas, "dentro de treinta años nos daremos cuenta de lo que hemos construido".
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