Planearon convertir a contrabandista en informante
- Los críticos de la indagatoria del contrabando de granada también responsabilizan a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés) y a la oficina del secretario de justicia en Arizona por no procesar a Jean Baptiste Kingery luego de que se le detuvo en la frontera en junio de 2010 en posesión de cientos de cuerpos de granada y mechas. El fiscal dijo que Kingery no fue detenido porque la ATF quería convertirlo en informante, aunque los propios agentes dijeron que nunca se le usó para esos fines y que los fiscales se negaron a presentar cargos en ese momento. Kingery regresó a México, donde fue detenido en agosto de 2011. Las autoridades mexicanas lo procesan por presunta violación de las leyes contra el crimen organizado.
Agentes federales y fiscales en Arizona cometieron numerosos errores al investigar a un estadounidense sospechoso de contrabandear componentes de granadas hacia México, entre ellos, no arrestarlo cuando había numerosas pruebas para hacerlo, señaló en un crítico informe la oficina que supervisa la actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El informe del inspector general encontró similitudes entre la investigación que agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego hicieron en torno a Jean Baptiste Kingery y la operación “Rápido y Furioso”, que la misma agencia hizo en la frontera con México.
“Rápido y Furioso” permitió el contrabando de armas estadounidenses a México con el objetivo de rastrear a vendedores y compradores, pero los investigadores perdieron la pista del arsenal y muchas se usaron en delitos graves en México y Estados Unidos. La operación generó gran polémica en torno al Departamento de Justicia.
Entre las similitudes que se encontraron están una mala supervisión, vigilancia deficiente e incapacidad “para actuar o insistir en tomar medidas contra los sujetos de las investigaciones”.
“Nuestra revisión de ambos casos concluyó que, al no actuar, no consideraron en forma adecuada los riesgos que provocaron a la seguridad pública en Estados Unidos y en México las actividades ilícitas del sujeto”, señala el informe.
En un comunicado, el Departamento de Justicia señaló que en los pasados seis años tomó “medidas enérgicas” para asegurarse de que los errores del caso Kingery “no se repitieran”.
El departamento informó que los oficiales responsables de la operación están fuera de la institución o han sido asignados a otras áreas, y señalaron que el subsecretario de Justicia emitió el año pasado una guía para “operaciones sensibles de vigilancia”.
El informe indica que los agentes supieron en 2009 que Kingery estaba solicitando componentes por internet a un proveedor de excedentes militares para armar granadas y sospecharon que se enviaban a México para ser vendidas a carteles de narcotraficantes.
