En medio de una creciente presión internacional, ayer Cuba se mantuvo firme en su negativa a dejar entrar en la isla a la representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Ante las numerosas críticas por la peor represión contra disidentes llevada a cabo en décadas y la ejecución de tres secuestradores, el gobierno cubano reafirmó su derecho a defenderse frente a lo que considera un "plan desestabilizador" de Estados Unidos para acabar con la revolución del presidente Fidel Castro.
En una rueda de prensa, el canciller, Felipe Pérez Roque, aseguró que su gobierno se reservaba el derecho de declarar persona "non grata" al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, al que acusa de promover la subversión interna.
Asimismo, dijo que estaba pensando en retirar su solicitud de entrar en un ventajoso acuerdo comercial con la Unión Europea debido a la actitud asumida respecto a la represión y a las ejecuciones sumarias.
Por otra parte, una juez de Miami condenó a Cuba a pagar $67 millones a la familia de un estadounidense condenado a muerte y fusilado en Cuba en 1961 por actividades contrarrevolucionarias.
