Seis de los veinte excarcelados cubanos acogidos en España desde el 13 de julio pasado acudirán a los tribunales si el Gobierno español les deniega el asilo político que han solicitado para regularizar su situación legal.
Estos disidentes quieren que se les reconozca su condición de refugiados para que quede patente de que estuvieron en prisión por motivos políticos y que fueron deportados por el Gobierno de Cuba, informó su abogado, Fernando Vizcaíno.
Este estatus debe ser concedido o denegado en un plazo máximo de seis meses por la Oficina de Asilo y Refugio, en la que participan los ministerios españoles de Interior, Exteriores y Justicia.
Este grupo, integrado por seis disidentes y unos veinte familiares, pedirá amparo al Defensor del Pueblo para que se tome una decisión de forma urgente.
Según Vizcaíno, "el Gobierno, extraoficialmente, les ha dicho que no se lo van a reconocer (el asilo)” para evitar problemas con las autoridades cubanas.
En este caso -añadió- los disidentes presentarían un recurso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que resuelvan su petición.
El abogado plantea, además, la posibilidad de acudir a organismos internacionales, como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a fin de respaldar la postura de los exiliados cubanos.
Este grupo también reclama quedarse en Madrid y no ser trasladado a otras ciudades españolas, después de que la Cruz Roja apuntara que no hay plazas vacantes en los centros de acogida que tiene en la capital.
Con este fin, este grupo de disidentes expatriados envió un escrito al Ministerio del Interior en el que alega motivos de salud para permanecer en Madrid, debido a que algunos tienen enfermedades derivadas de sus siete años en la cárcel.
Según el letrado, la Constitución Española ampara su derecho a residir en el lugar que elijan libremente.
Entre estos disidentes están Ricardo González, Mijail Bárzaga, Normando Hernández y Julio César Gálvez.
Algunos de los siete excarcelados que permanecen en Madrid tramitan los documentos necesarios para poder viajar a Estados Unidos con sus familias. La otra mitad de los veinte ex presos políticos que llegaron a España desde el 13 de julio han sido distribuidos por centros y viviendas de acogida de Málaga, Alicante, Cullera (Valencia), Gijón (Asturias), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sigüenza (Guadalajara), y uno se fue a Chile.
Frente a la opción del refugio político, la alternativa que el Gobierno ha ofrecido es la de la protección internacional asistida, una modalidad de asilo que permite el regreso a Cuba con permiso del régimen castrista.
