"Una cosa es financiarse del narcotráfico y otra tener como actividad central el narcotráfico", dijo Luis Carlos Restrepo en declaraciones radiales.
Sólo Salvatore Mancuso, el dirigente paramilitar pedido en extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, tiene suspendida su captura con el fin de que avance el proceso de paz, anotó el alto comisionado.
Restrepo respondía a duras críticas que se le han hecho en los últimos días al gobierno en el sentido que en la mesa de negociación con los paramilitares había personas que se dedicaban al narcotráfico y que el gobierno ha sido blando en el asunto.
El procurador Edgardo Maya afirmó en entrevista publicada ayer que el narcotráfico como delito común no debe estar asociado al delito político y pidió a Restrepo claridad sobre si tiene compromisos con los paramilitares.
"Hay que erradicar totalmente el tema del narcotráfico", dijo Maya en entrevista con el diario El Tiempo.
Restrepo afirmó "no hay ningún acuerdo que el país no conozca" y que los "colombianos pueden estar tranquilos".
A raíz de la presentación de los proyectos de ley que servirían de marco jurídico para el proceso con los paramilitares, el debate por la solución jurídica y política para la desmovilización de los paramilitares se ha agudizado.
El gobierno afirma que para lograr la paz, no puede haber plena justicia por los delitos cometidos.
Contradictores del gobierno afirman que sin una adecuada dosis de justicia, verdad y reparación no se logra una paz duradera y han condenado uno de los artículos del proyecto gubernamental se estaría "blanqueando" al narcotráfico.
El gobierno y los grupos paramilitares están en negociaciones hace más de dos años. Se han realizado varias desmovilizaciones colectivas en las que han dejado las armas más de 3,000 combatientes paramilitares.
El Congreso debate la llamada ley de Justicia y Paz, que prevé penas de entre cinco y ocho años de cárcel para los crímenes de los paramilitares, incluidos los atroces y el tráfico de drogas.
Las negociaciones con las AUC buscan desmovilizar a unos 20,000 combatientes este año.
