La exsenadora colombiana Piedad Córdoba interpuso una demanda contra el Estado por el caso de las escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del cual fue víctima, y pidió una indemnización de 3.25 millones de dólares.
La demanda fue interpuesta por la exsenadora contra diversos organismos del Estado: la Presidencia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DAS, la desarticulada agencia de inteligencia colombiana, por los daños y perjuicios que le causaron las escuchas y seguimientos ilegales.
