Las familias de 6 de los 81 reclusos que fallecieron el pasado 8 de diciembre en un incendio en la cárcel San Miguel, en Santiago, presentaron una demanda contra el Estado por su responsabilidad en los hechos.
El abogado Bernard Debeuf, que representa a las familias de los fallecidos, explicó que estas consideran que hubo una “falta de servicio” por parte de los gendarmes (policías de prisiones) durante el incendio, que se desencadenó tras una riña entre los reos.
Por este motivo, la demanda, que fue presentada en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, solicita al fisco chileno el pago de una indemnización de 400 millones de pesos (unos $835,000) a cada una de las seis familias.
El abogado explicó que los demandantes tienen “las puertas abiertas” para negociar con el Consejo de Defensa del Estado para llegar a un acuerdo amistoso y evitar el largo proceso judicial.