El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, fue denunciado en la Procuraduría General de la Nación por los delitos contra la administración pública, en momentos en que se debate el tema de la posible ampliación de la vía acuática.
Las denuncias fueron presentadas por Saúl Méndez, dirigente del Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), y están basadas en las demoliciones de edificios, construcción de obras y remoción de tierras para la ampliación del Canal.
Según un informe presentado en el año 2001, aparecen reportadas las demoliciones de 17 edificios en el sector de Cocolí, 4 en Corozal y Gatún hechos por la ACP, supuestamente para utilizar estos terrenos como vertedero del material extraído del ensanche del Canal.
Por otra parte, consideró que es inconstitucional que de los 104 estudios que sustentan la propuesta presentada por la ACP para la ampliación, 79 estén en el idioma inglés. La traducción equivaldría a un costo de 2 millones 85 mil 600 sin incluir el costo de la impresión.
