La decisión del Poder Electoral de revisar más de un millón de firmas dudosas a favor del referendo contra el presidente Hugo Chávez fue rechazada por la coalición opositora, que la calificó de "estafa" a la voluntad ciudadana.
"Desconocemos la autoridad institucional y política de la mayoría oficialista del Consejo Electoral, que se ha colocado de espaldas a la Constitución y el pueblo", declaró el portavoz principal de la coalición opositora Coordinadora Democrática, Enrique Mendoza, después de conocerse anoche la decisión del Poder Electoral.
La Coordinadora llamó, además, a la población "antichavista" a la "resistencia pacífica" en las calles, y varios portavoces señalaron que la decisión de las autoridades electorales "demuestra que desean evitar el referendo" presidencial, según el dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma.
El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, en respuesta a las declaraciones de la oposición, alertó sobre un supuesto nuevo intento de "golpe de Estado" contra el Gobierno y exhortó a la comunidad internacional a "pronunciarse" al respecto.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de someter a revisión estas firmas el martes en la madrugada, por tres votos a favor y dos abstenciones.
El rector electoral Jorge Rodríguez, uno de los tres directivos que votó por la revisión, aclaró que "en ningún momento se ha dicho que se anularon las firmas objetadas", sino que sencillamente serán investigadas, mediante un método aún por definirse.
La Coordinadora, que asegura haber recogido 3.4 millones de firmas, dio como hecho consumado que se anularán las rúbricas dudosas, por lo que no se llegará al mínimo de 2.4 millones (20%del electorado) constitucionalmente requerido para la celebración del referendo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, observadores internacionales en los procesos de referendo, sugirieron al CNE que la revisión de esas firmas "en reparo" se haga por muestreo aleatorio, y no en su totalidad.
Un comunicado de ambas organizaciones señaló que "consideran legítima la preocupación (del CNE) en el sentido de que es preciso determinar si una persona ha firmado por otra, contrariando claramente la normativa aprobada en el sentido personalísimo del acto de expresión de voluntad"
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