Denuncian a un cura argentino condenado por abusos por negarse a registro de ADN
- Buenos Aires / EFE
La denuncia fue presentada por el abogado de las víctimas de los abusos, quien la semana pasada contó de que el religioso se había resistido físicamente a los funcionarios que trataron de tomar la muestra.
El padre Grassi dirigía la organización Felices los Niños, que cuidaba de menores en situaciones vulnerables en las afueras de Buenos Aires.
El sacerdote argentino Julio César Grassi, condenado hace diez años por abuso de menores, fue denunciado este martes por negarse a que se le tomara una muestra de ADN, que había ordenado la Justicia para incluirlo en un registro genético de violadores.
Denuncian a Julio César Grassi por resistirse a la extracción de ADN para su inclusión en registro de violadores https://t.co/0bqK5E6FPo pic.twitter.com/vLm1GgBHqW
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) 5 de marzo de 2019
La denuncia fue presentada por el abogado de las víctimas de los abusos, quien la semana pasada contó de que el religioso se había resistido físicamente a los funcionarios que trataron de tomar la muestra en la prisión de Buenos Aires en la que se encuentra.
En el escrito, que el representante de la acusación avanzó a la agencia estatal Télam, se pide que "se dispongan las medidas de coerción para inmediato cumplimiento de la orden de extracción de ADN".
El padre Grassi dirigía la organización Felices los Niños, que cuidaba de menores en situaciones vulnerables en las afueras de Buenos Aires, y fue denunciado por primera vez en 1991, aunque la investigación judicial no se inició hasta 2002 con una aparición en televisión de tres víctimas denunciando a Grassi, que quedó detenido entonces y permaneció en prisión durante buena parte del proceso.
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El sacerdote fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores por los hechos que denunció uno de los adolescentes, aunque fue absuelto de las acusaciones de los otros dos; la sentencia quedó firme en 2017.'
El pasado 13 de febrero, el tribunal criminal 1 de Morón dispuso que, para pasar a formar parte del registro, se recogiesen muestras de ADN del cura por hisopado (oral) en la prisión de Campana (a 60 kilómetros de Buenos Aires) en la que cumple su pena.
La ley para establecer un registro con los datos genéticos de los violadores fue aprobada en 2003, pero no fue reglamentada hasta 2017.
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