La Unión Demócrata Independiente, la fracción más conservadora de la derecha chilena, afirmó ayer que las denuncias que involucrarían a dos de sus senadores en una supuesta red de pedofilia, ocultan un complot contra la candidatura presidencial de su líder Joaquín Lavín.
“Quiero que el país sepa que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque este montaje se viene construyendo hace mucho tiempo para impedir que el próximo presidente de Chile sea Joaquín Lavín”,aseguró el líder de la organización, Pablo Longueira.
La denuncia estalló el viernes cuando la diputada María Pía Guzmán, afirmó que dos parlamentarios de la Alianza y uno de la oficialista democracia cristiana integraban el “círculo íntimo” del empresario Claudio Spiniak, detenido como presunto organizador de una red de pedófilos.
El servicio de ferrys entre Manhattan y Staten Island, que fue suspendido poco después del accidente, funciona 24 horas, registra una afluencia diaria de 70,000 personas y el trayecto, que es gratis, se realiza en unos 25 minutos.
La isla de Staten es el tercer barrio más grande de los cinco de Nueva York y el menos poblado, con 378,977 habitantes (datos de 2000), que trabajan mayoritariamente en Manhattan.
Luego de tres meses de lucha el presidente salvadoreño, Francisco Flores pudo sancionar la ley antimaras el pasado viernes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la legislación especial, que sólo durará seis meses.
Según la ley las maras son agrupaciones de personas que alteran el orden público y atentan contra el decoro y las buenas costumbres. Son motivo de captura reunirse habitualmente; señalar territorio como propio y tener señas como comunicación o marcarse con tatuajes.
En declaraciones a “La Prensa Gráfica”, el subdirector de la PNC, Pedro González, descartó que con la ley la Policía inicie "una cacería de brujas".
Como quedó la reforma del Artículo 348, del Código Penal, "los que conformen pandillas denominadas maras, con el fin de provocar desórdenes o intimidación, serán sancionados con prisión de tres a cinco años".
Las reformas, también establecen pena de cárcel de cinco a ocho años, para los pandilleros que cometan delitos de robo, extorsión, lesión, privación de libertad, delitos sexuales o amenazas agravadas; y de ocho a 10 años, cuando cometan un homicidio agravado o un secuestro.
Desde el 23 de julio, la Policía y el Ejército ejecutan el "Plan Mano Dura" contra las pandillas, y ya han capturado a más de 3,000 mareros.
