El tema de desaparecidos forzados en Colombia ha generado mucho interés por el aumento en la cifras de este delito.
Un reportaje presentado en BBC Mundo revela que hace poco fue detenido un ex General del ejército y otros dos han sido llamados a indagatoria por la Fiscalía por la desaparición de una docena de personas durante la toma del Palacio de Justicia, en 1985.
A este hecho se le suman las confesiones hechas por paramilitares que buscan beneficios judiciales, la aparición de cementerios clandestinos y la recuperación de restos óseos por parte de la Fiscalía General.
Algunas investigaciones detallan que mientras en el año 2000 se hablaba de unos 3,500 casos de desaparecidos, ahora la Fiscalía General revela que está investigando la desaparición de 15,645 personas.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que podrían ser más de 30,000 las personas de las que no se tiene rastro.
El más reciente informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en 2007 los paramilitares revelaron la ubicación de 1,009 fosas clandestinas, que permitieron la recuperación de los restos de 1,196 desaparecidos, aunque no muchos han sido identificados.
Federico Andreu, consejero general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), dijo que el aumento de las cifras se debe a que había un mal registro de las desapariciones, sobre todo, en las zonas rurales, pero también a que la gente está hablando más ahora y a que "la sociedad está empezando a decir: basta de esta realidad".
Al intervenir en el seminario, Gustavo Gallón, director de la CCJ, dijo que entre mediados de 2002 y de 2007 hubo 1,259 desapariciones forzadas en Colombia, el 97% de las cuales las atribuye su organización a agentes estatales y paramilitares, y el 3% a las guerrillas.
Lo paradójico es que el aumento de las cifras ocurre después de que, en el año 2000, Colombia tipificó la desaparición forzada como delito en el Código Penal.
Hasta el momento, no obstante, no se conocen muchas condenas por ese delito. Y tampoco ha concluido con sentencia judicial ninguno de los procesos de la ley de "justicia y paz", a la que se acogieron cerca de 3,000 paramilitares.
Falta voluntad.
Andreu cree que, a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, falta voluntad política del sistema judicial doméstico para perseguir la desaparición forzada.
Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, ha manifestado que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe promovió la adopción del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a comienzos de 2007 y también aprobó un plan de choque para luchar contra ese delito.
Sin sanciones.
Aunque a principios de los años ‘90 la Procuraduría destituyó a dos generales por desapariciones forzadas en ninguna de las investigaciones actuales se han producido, hasta ahora, sanciones disciplinarias contra los presuntos responsables.
Un alto funcionario de la Procuraduría admitió que la persecución penal y disciplinaria de los responsables de desapariciones forzadas frecuentemente se tropieza con trabas burocráticas que les quitan rapidez y eficacia a las investigaciones y la búsqueda de las víctimas.
Lee expresa que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".
