Tras admitir en varias ocasiones que no dispone de recursos suficientes para atender a los combatientes que se desmovilicen, el gobierno anunció que otorgará subsidios mensuales, los capacitará y creará beneficios tributarios a las empresas que los empleen.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el gobierno ya cuenta con la aprobación en el Congreso de un monto de 385,000 millones de pesos (150 millones de dólares), al tiempo que solicitó el otorgamiento de otros 25,000 millones adicionales (10 millones de dólares).
"Con ese dinero se podrá entregar un subsidio mensual equivalente a 350,000 pesos (140 dólares) a cada uno de los desmovilizados que, o bien se dedicarán a la tarea de sustitución manual de cultivos ilícitos o estarán inscritos en procesos de capacitación", señaló un portavoz.
Dicho subsidio se brindará, según la funcionaria, a cada uno de los desmovilizados por un lapso previamente definido y cesará una vez estas personas estén en capacidad de laborar en una empresa, que a su vez recibirá incentivos económicos por emplearlos.
Los beneficios, que incluirán rebajas sustanciales de impuestos, se otorgarán a los empresarios que creen nuevas empresas con al menos el 40% de ex combatientes entre sus empleados o generen nuevos empleos para los reincorporados.
Según fuentes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz citadas por el diario El Tiempo, el gobierno tiene también previsto emplear a los desmovilizados en grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos en parques naturales, resguardos indígenas y nacimientos de ríos.
A este programa, coordinado por el ministerio de Defensa, se le suma el subsidio mensual que recibirán los ex combatientes que se capaciten en proyectos productivos.
El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo y el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, anunciaron el miércoles pasado el inicio del proceso para desmovilizar antes del 31 de diciembre a más de 3,000 hombres de 11 facciones paramilitares de varias regiones del país.
Esa desmovilización será la más grande en 22 meses de diálogo, que busca sacar de la guerra a 20,000 paramilitares antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso que verifica la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuya negociación se inició formalmente en julio pasado con la concentración de 14 jefes de las AUC y unos 800 combatientes en la población de Santa Fe de Ralito (norte).
En octubre pasado el presidente Alvaro Uribe desestimó una propuesta de las AUC de que sus combatientes desmovilizados se sumen a las Fuerzas Armadas, debido a sus nexos con el narcotráfico.
