Voces indignadas de políticos calificaron el suceso de "venganza", mientras que otros hablaron de "acto dictatorial" de parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Castro, vinculado al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), del ex jefe de Estado, Abdalá Bucaram.
Gallardo fue detenido ayer en relación con el caso de la compra de armamento, que ha involucrado también al ex presidente argentino Carlos Menem y a otros ex altos cargos de su Gobierno.
El caso estalló tras el conflicto bélico que protagonizaron Ecuador y Perú entre enero y febrero de 1995 por la disputa de un sector sin demarcación en la frontera común amazónica, en el río Cenepa.
Según la denuncia que ha motivado la detención de Gallardo, Argentina vendió armas a Ecuador y a Croacia en una operación aparentemente irregular, en un momento en que estaba en vigor una prohibición para proveer de pertrechos militares a este país y Perú, que entonces mantenían un conflicto por una cuestión limítrofe.
Argentina, además, formaba parte de un grupo de países garantes que auspiciaba el cese de hostilidades y un proceso de paz, que concluyó en octubre de 1998 con la firma de un acuerdo limítrofe.
Ecuador cobró las garantías aseguradas en la negociación y el caso se estancó hasta ahora con la detención de Gallardo, quien después de permanecer varias horas en las dependencias de la policía judicial fue trasladado a un centro militar en la localidad de Conocoto, cerca de Quito.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) insistieron ayer en su rechazo "absoluto" a un proyecto de ley que implique su sometimiento a la justicia en el proceso de paz que llevan a cabo con el gobierno, según un comunicado de esa organización de ultraderecha.
"Las AUC reafirman su posición de rechazo absoluto a todo proyecto de ley que sustituya la negociación política de paz por un proceso de sometimiento a la justicia", advirtió el grupo en una nota de seis puntos divulgada en la población de Santa Fe de Ralito.
Los paramilitares emitieron el pronunciamiento en respuesta a la advertencia que les hizo el gobierno de que si rompen el plan de paz tendrían cinco días para salir de la zona del norte de Colombia, cuyo epicentro es Santa Fe de Ralito, sede del diálogo y donde están concentrados los máximos jefes de las AUC.
"Reconocemos al gobierno nacional el respeto al acuerdo en el que quedó estipulado la fijación de un plazo de cinco días como término previo para desalojar la zona de ubicación con las debidas garantías en el evento de presentarse la ruptura del proceso de negociación", subrayó el texto.
Añadieron que "el reclamo de este derecho no significa chantajes, presiones o amenazas contra el gobierno, el Congreso o los medios de comunicación, tal como de manera equivocada lo expresó el alto comisionado de paz", Luis Carlos Restrepo.
“Reafirmamos ante todos los colombianos nuestra firme voluntad de contribuir con el propósito de paz como corresponde al interés nacional", destacó la nota, firmada por el comandante general, Ramón Isaza, el jefe del Estado Mayor Negociador, Julián Bolívar, y el director político de las AUC, Ernesto Báez.
Ayer, Restrepo señaló que el gobierno apuesta por la continuidad del proceso que busca completar antes de fin de año la desmovilización de los 20,000 combatientes
No obstante, el comisionado reiteró la respuesta oficial en el sentido de que no negociará la ley que sustenta el desarme y castiga los delitos de lesa humanidad.
Los paramilitares, acusados de contar con el apoyo de algunos efectivos de las fuerzas armadas, surgieron en la década de los 80 como ejércitos privados.
Estos grupos son financiados por ganaderos, hacendados y comerciantes para defenderse de las agresiones de la guerrilla izquierdista.
En enero último, 4,820 combatientes paramilitares entregaron las armas.
