Detenidos en base usarán leyes de EU

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió ayer que extranjeros sospechosos de terrorismo que se encuentran presos en la base militar en Guantánamo pueden usar el sistema legal estadounidense para desafiar su detención, en un gran revés para el presidente George W. Bush.
Por votación 6-3, los magistrados decidieron que las cortes estadounidenses sí tienen jurisdicción para considerar las acusaciones de los prisioneros que dicen en sus demandas que han estado detenidos ilegalmente en violación de sus derechos.
El fallo no se refirió a los méritos de esas acciones legales, pero permite que los prisioneros sigan adelante con sus demandas, que tribunales de menor rango habían rechazado.
El magistrado John Paul Stevens afirmó que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción para considerar los desafíos a la legalidad de la detención de ciudadanos extranjeros capturados en el exterior, y encarcelados en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba.
Los magistrados revocaron el fallo de una corte de apelaciones, que rechazó las demandas de los detenidos argumentando que la base militar estaba fuera de territorio soberano estadounidense y que órdenes de habeas corpus no estaban disponibles para extranjeros fuera de territorio norteamericano.
Las políticas de Bush han sido muy criticadas por grupos de derechos humanos y libertades civiles, especialmente después del caso de abuso de prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, y el cuestionamiento sobre si el gobierno estadounidense aprobó las torturas durante los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo.
Calificados de "combatientes enemigos", 595 extranjeros que se encuentran en la base de Guantánamos son presuntos miembros de Al Qaeda o combatientes del derrocado movimiento afgano Talibán.
La mayoría de los que se encuentran en Guantánamo fueron capturados durante la campaña de Estados Unidos en Afganistán contra el Talibán, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Los primeros detenidos llegaron a la base en enero del 2002.
Sólo unos pocos han sido enjuiciados. El resto no tiene acceso a abogados, ni a sus familiares ni a procedimientos judiciales de ningún tipo.
Las sentencias fueron aplaudidas por varias organizaciones de protección de los derechos civiles, que denunciaron durante más de dos años la "negación de justicia" a los prisioneros estadounidenses y extranjeros.